El pasado 30 de julio la abogada Valentina González, de 27 años, fue encontrada muerta en un motel de Quintero. Más de tres meses han pasado desde el hallazgo de su cuerpo y aún no hay formalizados por el caso que todavía tiene pendientes algunas pericias como el examen toxicológico que se le hizo al cuerpo de la víctima.
La abogada que representa a la familia de Valentina, Cinthya Pérez confirmó a T13 que el Juzgado de Garantía acogió su solicitud para hacer un control de la formalización el próximo 25 de noviembre, donde pedirá que se apliquen medidas cautelares sobre los dos sospechosos.
Recordemos que las cámaras de seguridad mostraron que en el lugar estuvieron un hombre de 41 años y una mujer de cabello negro, aunque aún no han sido vinculados con la muerte de la abogada.
“Los principales sospechosos están sin ninguna medida cautelar, y nos ha llegado información de personas cercanas a estos sujetos que existen intenciones serias de que al menos uno de ellos estaría planificando un viaje a España, sin retorno. Por lo tanto, ¿qué certeza tenemos nosotros de que el día de mañana, cuando sea citado a prestar declaración, o a la formalización, esa persona esté en Chile? Es necesario al menos para el arraigo”, dijo Pérez a T13.
“Adicionalmente uno de los sujetos que estuvo con Valentina ha desarrollado conductas, desde la muerte de Valentina hasta la fecha, con otras mujeres que hablan de una persona que no tiene respeto con las mujeres, que atenta contra la propiedad de las personas, que amenaza, que amedrenta. Por lo tanto, hay base para pensar si es o no un peligro para la sociedad”, añadió la abogada.
La familia de la víctima aseguró que uno de los dos sospechosos ya ha realizado viajes al extranjero los últimos meses, por más de una semana, y temen que se vuelva a ir del país.
Pérez también informó que siguen a la espera del informe toxicológico que no ha sido entregado por el Servicio Médico Legal, y que sería clave para poder determinar la causa de muerte de Valentina.
“No ha llegado, desconocemos el por qué. Hemos reiterado en muchísimas oportunidades y hemos pedido cuentas al Servicio Médico Legal de por qué se está tardando tanto si, consultado con nuestros peritos, no existe ninguna fundamentación que justifique la tardanza, desde el punto de vista química, tanatológico o forense”, aseguró Pérez.
Desde la familia insisten en que puede haber habido alteraciones en el sitio del suceso e incluso hablan de obstrucción a la investigación. La abogada dice que la Policía de Investigaciones (PDI) no puso a disposición de la fiscalía todas las cámaras disponibles, las que incluso han sido conocidas por los medios de comunicación.
Hasta la fecha, la autopsia apunta a que la muerte de la abogada se debió a una asfixia por inmersión; pese a que todavía no se cuenta con el examen toxicológico.