El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó este lunes ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte una denuncia penal por una serie de vuelos provenientes desde Haití entre enero y octubre de 2025 en el contexto de "reunificación familiar".
De acuerdo a lo señalado Migraciones, la denuncia tendría su origen en una serie de fiscalizaciones conjuntas entre la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI).
La acción judicial, firmada por el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, busca aportar antecedentes para esclarecer un eventual delito de tráfico de menores. Para ello, el organismo acompañó seis documentos con información recabada en el marco de las fiscalizaciones realizadas.
Según se expone en la denuncia, las inspecciones efectuadas en conjunto con la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones permitieron detectar que al menos 12 adultos, tanto chilenos como extranjeros, ingresaron reiteradamente al país como supuestos responsables de grupos de entre dos y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos.
Sin embargo, según los antecedentes reunidos por el servicio, dichas personas no mantienen vínculos familiares ni de consanguinidad con los menores y tampoco cuentan con las autorizaciones exigidas por el artículo 28 de la Ley de Migración y Extranjería.
"Se constató que al menos 12 adultos (tanto extranjeros como chilenos) han ingresado reiteradamente al país actuando como supuestos adultos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos", menciona la denuncia por parte del Sermig, consignó La Tercera.
En la presentación señalan que estas personas "no poseen un vínculo de consanguineidad ni familiar real con los menores" y que "tampoco cuentan con las autorizaciones legales obligatorias que exige el artículo 28 de la Ley N° 21.325".
"Hemos presentado esta denuncia en el Ministerio Público, de que contamos con un conjunto de antecedentes que dan cuenta de hechos que tienen que ser investigados", señaló el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.
Y complementó: "La eventualidad de delitos graves que pudieran involucrar a menores de edad es suficiente justificación como para que el Ministerio Público y nuestra Policía de Investigaciones se aboquen preferentemente, sobre todo, a determinar la ubicación de estos menores de edad y, en definitiva, la existencia o no de un delito de mayor gravedad y complejidad para nuestro país".
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