El Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó 50 organismos municipales del país que operan sin siquiera una página web en que den cumplimiento a sus obligaciones legales de transparencia activa, esto de acuerdo con su más reciente fiscalización correspondiente al periodo 2025 a organismos vinculados a municipios.
En el detalle, el organismo fiscalizó el nivel de cumplimiento de 257 instituciones: 181 corporaciones municipales, 58 asociaciones de municipalidades y junta de alcaldes, 8 fundaciones municipales y 10 entidades regionales.
Sin embargo, la ausencia de un portal web para dichos fines no es lo único. La fiscalización exhibe además un problema más profundo. Y es que entre quienes sí publican la información, muchas veces los datos clave no están disponibles o se encuentran incompletos.
Según publicó este martes el CPLT en su sitio oficial, el resultado global así lo confirma. El cumplimiento promedio de las entidades que sí publican alcanza sólo un 73,7% (se asigna un 100% cuando la entidad publica de forma completa y actualizada toda la información que mandata la Ley de Transparencia).
Si los resultados se clasifican según niveles de cumplimiento; 90 organismos se encuentran en un nivel "Bajo", con un promedio de 53,7%; 89 en un nivel "Medio", con un 78,6% de promedio; y 78 está en un nivel "Alto", alcanzado un cumplimiento promedio de 91,5%.
Por otra parte, si el análisis se separa por materias, las principales infracciones se concentran en la publicación de la escala de remuneraciones, con menos de un 21% de cumplimiento, seguida por información sobre participación ciudadana, presupuesto y su ejecución, y adquisiciones y contrataciones.
"Cuando no existe siquiera una página donde publicar información, lo que hay es opacidad total. Y cuando la información está incompleta o desactualizada, el efecto es el mismo: la ciudadanía no puede saber cómo se usan los recursos públicos", advirtió Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia.
"Las principales brechas se concentran precisamente en lo más relevante para el control ciudadano: cuánto se paga, a quién se contrata y en qué se gastan los recursos. Es decir, información básica que permite seguir la ruta del dinero público", agregó, complementando que "estos espacios no pueden quedar fuera del escrutinio. La transparencia es una condición básica para prevenir riesgos y fortalecer la confianza pública".
Desde el Consejo para la Transparencia recalcaron que el acceso a esta información no es opcional, sino que es un derecho establecido por ley y cualquier persona puede exigirlo y reclamar cuando no se cumple. Ante infracciones, el CPLT puede aplicar multas.
