Este miércoles se cumplen cuatro años desde la entrada en vigencia de la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, Ley 21.389, destacando el impacto sostenido en el cumplimiento de las obligaciones legales y el alto desempeño de todos los integrantes de los juzgados de familia del país, según el balance acumulado que dio a conocer durante esta jornada el Poder Judicial.

De acuerdo con el detalle, entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, el Poder Judicial ha ordenado pagar un monto acumulado de $3.885.443.300.562 ($3,88 billones), "que equivale al 1,98% del PIB de Chile", mencionó la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

Lo anterior se divide en dos opciones de cobro que proporciona la ley. Mediante el procedimiento especial (retención de fondos en cuentas bancarias o instrumentos financieros), se han ordenado pagos por $822.205.170.505 a un total de 404.400 representantes legales.

 

En tanto, a través del procedimiento extraordinario (pago con cargo a los fondos de capitalización individual de cotizaciones obligatorias en AFP), se han decretado órdenes de pago por $3.063.238.130.057, alcanzando a 307.734 representantes legales.

De acuerdo con las estadísticas consolidadas que expuso este miércoles el Poder Judicial, entre el 18 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los 141 tribunales con competencia en materia de familia del país han ordenado un total de 728.700 inscripciones en el registro de deudores, de las cuales 376.644 se encuentran vigentes y 352.056 ya han sido canceladas.

De las causas vigentes en el sistema administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, existe un monto total adeudado de $54.833.093.126 en pensiones de alimentos impagas.

En su portal oficial, el Poder Judicial también expone el desglose a nivel nacional de envíos vigentes al Registro Nacional de Deudores. Puedes revisarlo >>AQUÍ<<

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