Un aumento significativo registraron las expulsiones judiciales de extranjeros durante los dos últimos años, alza marcada por casos de drogas y robos violentos.
Según los registros del Poder Judicial, que realizó un análisis de la jurisdicción de cada Corte de Apelaciones del país, este tipo de expulsiones –también las hay administrativas– aumentaron de 751 en 2021 a 1.220 el año pasado, de acuerdo con los datos a los que accedió El Mercurio.
Par concretarlas se invoca el artículo 34° de la Ley 18.216, que permite al tribunal –de oficio o a petición del extranjero condenado– sustituir la pena de cárcel, siempre que ésta no supere los cinco años de presidio.
La sanción implica, además, que los sentenciados no pueden volver a Chile en un periodo de 10 años. Si lo hacen, deben cumplir la pena efectiva originalmente impuesta.
Operadores del sistema de justicia plantean, según la publicación del periódico, que este incremento respondería al fin de la pandemia y a la disminución de las absoluciones judiciales. Además, si bien se dispuso el envío de ciertos extranjeros a sus países de origen, algunos permanecen recluidos en nuestro país a la espera de que la medida se concrete.
Por otro lado, las estadísticas del Poder Judicial muestran que este tipo de pena sustitutiva se empleó principalmente en el norte del país: en las jurisdicciones de Iquique (36%), Antofagasta (29%) y Arica (15%). Luego aparece Santiago, con un 14%.
El juez presidente del Tribunal Oral de Iquique, Moisés Pino, también atribuye esta alza “al aumento de los juicios por tráfico de drogas”.
En este tipo de causas, describe en la citada publicación, “los imputados son en su mayoría extranjeros, sin residencia en Chile y que han ingresado por pasos irregulares”. Sólo en su jurisdicción, destaca, estos juicios aumentaron de 206 a 389.
De hecho, el delito más cometido por los extranjeros en casos de expulsiones es el tráfico ilícito de drogas. En 2021 fueron 513 casos (65% del total), mientras que en 2022 fueron 909 (75%).
En segundo lugar, están los robos con intimidación y con violencia: se registraron 52 (6,1%) y 69 deportaciones (5,66%) en el primer caso, y otros 26 (3,05%) y 67 en el segundo (5,49%), en el mismo periodo.