El sacerdote Gustavo Adolfo Morales, a cargo de la parroquia Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Los Andes, fue denunciado por una mujer que lo acusa de haber sostenido una relación impropia mientras él ejercía sus funciones eclesiásticas.
La denunciante, quien pidió reserva de identidad, afirmó que la relación fue producto de un abuso de conciencia y que, durante al menos cuatro años, el párroco vulneró su voto de celibato.
De acuerdo con el testimonio recogido por el equipo de Reportajes T13, el sacerdote habría mantenido contacto íntimo con la mujer, intercambiando mensajes por WhatsApp durante misas y concertando encuentros en moteles.
En registros de audio enviados por el propio padre Gustavo, se le escucha organizando las citas y solicitando medidas para no ser reconocido.
La denunciante sostuvo además que fue presionada a guardar silencio y que, tras informar al obispado de San Felipe, fue ella quien terminó alejándose de la parroquia. “Él me decía que esto debía ser un secreto de por vida”, aseguró.
Investigación canónica contra el sacerdote
La denuncia fue presentada formalmente ante el obispado de San Felipe en marzo de este año.
Luego de una investigación interna se concluyó que el sacerdote incurrió en un “comportamiento inadecuado” y quebrantó de forma grave el celibato. Como sanción, recibió una amonestación canónica que incluye seguimiento psicológico, acompañamiento espiritual y vigilancia sobre su vida personal.
Pese a esta medida, el padre Gustavo Adolfo Morales no fue apartado de sus funciones. Incluso a día de hoy el hombre continúa celebrando misas, formando acólitos y dictando charlas a otros miembros del clero.
Consultado por Reportajes T13, el sacerdote reconoció haber sido investigado, aunque negó haber abusado de alguien: “Soy un pecador, no un delincuente”, declaró.
Desde el obispado, en tanto, confirmaron la existencia del proceso disciplinario y aseguraron que la continuidad del sacerdote en su rol depende del cumplimiento de las condiciones impuestas. En caso contrario, podría enfrentar la pérdida del estado clerical.
Siguiendo esta misma línea es que la denunciante cuestionó la falta de medidas más drásticas, además de la falta de protección que ella ha recibido por parte de la institución de fe.
“Esperaba que fuera removido mientras se investigaba. El acompañamiento fue para él, no para mí”, afirmó.
