Este miércoles fue presentada la defensa a la acusación constitucional que enfrenta el Presidente Sebastián Piñera impulsada por un grupo de diputados de distintos partidos de la oposición, quienes exigen la destitución del Mandatario por "vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos" y "haber comprometido gravemente el honor de la nación" desde el comienzo de las movilizaciones sociales.
El documento asegura que la acusación constitucional contra el Mandatario no es admisible y que no cumple con los requisitos mínimos, como "ser de carácter excepcional o del ultima ratio", y que además, "vulnera gravemente el debido proceso, por fundarse en hechos que aún no han sido acreditados y por realizar imputaciones imprecisas".
Por otra parte, la defensa asegura que "no cumple uno de los requisitos mínimos, que exige que sea deducida por actos de administración del Presidente de la República" y considera que "es un abuso del derecho porque pretende revisar el mérito de la declaración del Estado de Emergencia".
"El hecho que los diputados acusadores no estuvieran de acuerdo con decretar un Estado de Emergencia, no es motivo para intentar la destitución del Presidente", sostiene el texto.
Incluso, se advierte que "no es efectivo que por actos de su administración se haya comprometido gravemente el honor de la Nación" y además, "no es efectivo que se haya producido una infracción abierta a la Constitución y las leyes por actos de su administración".
Sumado a esto, se acusa que "la acusación constitucional no debe ser utilizada para ejercer presión política sobre un gobierno. El desacuerdo político tiene otros cauces para manifestarse".
En relación a los actos imputados que se le acusa al Jefe de Estado, la defensa señala que "la acusación no formula ninguna imputación al Presidente de la República basada en actos materializados por él. Por el contrario, los acusadores se basan en una supuesta omisión que consiste en haber 'consentido' a graves vulneraciones a los derechos humanos".
"Las imputaciones que se realizan al Presidente de la República son genéricas e imprecisas, y se fundan en hechos y circunstancias que todavía están siendo investigadas y que no han sido acreditadas por los tribunales de justicia", agrega el documento.
Sobre el punto de la responsabilidad del Mandatario de haber comprometido "el honor de la Nación", la defensa señala que "la acusación no menciona ningún acto de la administración del Presidente de la República que cumpla con la causal que establece la Constitución".
Y sostiene que "la cancelación de la APEC y la COP25 no han tenido un efecto negativo en el honor de la Nación", ya que "la decisión se encontraba plenamente justificada, considerando la necesidad de restaurar el orden público y priorizar la Agenda Social" e incluso la suspensión de dichos eventos "ha recibido el total apoyo de diversas autoridades nacionales e internacionales".