El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, acusó que se han "lanzado comentarios muy duros" a raíz de la decisión del Ministerio de Justicia de otorgar rebaja de condena a sancionados por delitos sexuales contra menores, pese a que se ha cumplido con la Constitución y que no se trata de una "facultad discrecional" del Ejecutivo.
Arenas, planteó la importancia de precisar "algunos puntos" respecto a lo ocurrido y aseguró que "suponer que el gobierno tiene alguna intencionalidad de favorecer a delincuentes que han cometido este tipo de delitos es una manipulación política de un tema humano muy grave".
"Por supuesto que el gobierno no está contento con los decretos que rebajan las penas, el gobierno ha permitido mano dura contra la delincuencia y ha prometido protección a los menores. Y, por lo tanto, es un tema que para nosotros es fundamental y es doloroso", afirmó.
En ese sentido, señaló que, aunque no les "guste este tipo de decretos, somos un gobierno que cumple la ley, que cumple la Constitución. Estos beneficios fueron establecidos en la ley 19.856 del año 2003, durante un gobierno de la Concertación".
Por ello, indicó, el ministro Fernando Rabat "no puede sino aplicar la ley, esto no es una facultad discrecional del gobierno".
Arenas confirma que Rabat cuenta con la confianza de Kast
Al ser consultado respecto a la mirada del Presidente José Antonio Kast ante la situación que, además de críticas, ha conllevado a que la oposición anuncie el estudio de una Acusación Constitucional contra Rabat y pida su renuncia, Arenas aseguró que el mandatario "está convencido de que en este procedimiento se respetó la Constitución, la ley".
Asimismo, aclaró que "el ministro Rabat cuenta con toda la confianza del Presidente de la República, la confianza que le da que un ministro ha cumplido con la ley, con la Constitución, pero además es proactivo para ver los problemas que ha generado políticamente y va a ser parte también de la solución".
Parte de la solución que menciona el subsecretario de la Segegob, es la suspensión de tramitación de los decretos de reducción de pena y la presentación de un proyecto de ley que apunte a impedir que violadores y abusadores sexuales de menores reciban el beneficio.
Sin embargo, en el caso de los 56 decretos cuestionados, Arenas sostuvo que "es muy difícil retrotraerlos" y, por lo tanto, "los que están ejecutoriados se entiende que ya pasaron todo trámite legal y una suspensión no procede".
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