Tras la declaración del Presidente José Antonio Kast en La Moneda, en la que reconoció que fue un "error" haber otorgado rebajas de condena a 56 sentenciados por abuso sexual y violación contra menores, el vocero Gonzalo Arenas confirmó que buscarán la forma de revertirlos.
Kast respaldó la permanencia del Ministro de Justicia, Fernando Rabat, pese a que no le habría notificado de los decretos. Sin embargo, le otorgó la misión de buscar las soluciones.
Las medidas que definió el gobierno implican la presentación de un proyecto de ley que impida que condenados por delitos sexuales contra menores accedan al beneficio, sin que opere el principio de irretroactividad, el respaldo a las iniciativas presentadas desde el Senado y la Cámara y la suspensión de la entrega de rebajas.
De acuerdo con Arenas, a ello se suma que "el Presidente le pidió al ministro Rabat que en el proyecto de ley se considerara la forma de anular o suspender los decretos que están actualmente vigentes, no solo los 56 de este gobierno, sino que también los más de 250 del gobierno anterior".
En esa línea, afirmó que "vamos a buscar la fórmula, es difícil, porque hay temas legales importantes, pero el ministro Rabat se comprometió a buscar esas fórmulas, a impulsarlas, y tratar de dar una respuesta lo antes posible".
Arenas descarta "discrepancia" en posiciones del gobierno
El vocero fue consultado también sobre los motivos por los cuales las evaluaciones del gobierno cambiaron desde salir a declarar que el procedimiento fue "impecable" a admitir que se trató de un error que debe ser corregido.
Al respecto, indicó que entre ambas visiones "no hay ninguna discrepancia". Arenas manifestó que "quizás pude haber utilizado otra expresión más que 'impecable' pero lo que quise manifestar es que el ministro de Justicia, con esos decretos había cumplido la ley, había cumplido con la Constitución, no existía ninguna irregularidad".
Y que si bien "no hay ningún reproche que hacer" a Rabat en ese sentido, "humanamente, sin duda que hubo falencias importantes. En lo humano, lo más grave es no haber incorporado la opinión y la situación de las víctimas. Esto es lo que el Presidente quiere solucionar con el proyecto de ley, es uno de los temas fundamentales que las víctimas participen de este proceso".
Como parte del mea culpa del Ejecutivo, el subsecretario General de Gobierno indicó que "faltó quizás una visión más política para que el Presidente de la República pudiese haber tomado decisiones distintas".
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