Una tensa jornada se vivió la mañana de este jueves en la Cámara de Diputados luego de las polémicas declaraciones del diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, sobre las víctimas de violaciones a los DD.HH, a quienes calificó de "terroristas".
Declaraciones que vinieron como consecuencia del retiro, por parte del Gobierno, del proyecto de ley de reparación a las víctimas de prisión política y tortura, situación que fue duramente criticada por varios parlamentarios de oposición.
Desde La Moneda, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel, explicó las razones que tuvo el Gobierno para retirar la iniciativa que había sido enviada por la administración anterior.
"Este es un proyecto que se envió, lamentablemente, a pocos días del término del mandato anterior, a cinco días de terminar el período de la Presidenta Bachelet. Lamentablemente tampoco es un proyecto que cuenta con financiamiento, no está provisionado a la Ley de Presupuestos, tiene un costo muy elevado, 90 mil millones de pesos", explicó.
Blumel, incluso precisó que esta cifra es diez veces mayor a las suvenciones para el Sename y en cuatro a veces a la gratuidad para carreras técnicas: "La responsabilidad que tenemos como Gobierno nos obliga a tener que retirarlo para poder revisarlo, estudiarlo, ver sus fundamentos de forma de evaluarlo en forma seria y responsable", aseguró.
Esta explicación fue respaldada por el ministro de Justicia, Hernán Larraín: "Es un proyecto que no ha tenido un estudio de financiamiento adecuado y compromete recursos que en este minuto el país no puede disponer, pero eso no significa que consideremos que no haya justificación para seguir viendo posibles reparaciones que se le puedan a hacer a quienes han sido víctimas de estos hechos", dijo.
Cabe recordar que la iniciativa pretendía entregar a 26 mil víctimas que fueron víctimas de la dictadura y que fueron reconocidos por la Comisión Valech I y II, a quienes se les pagaría una cifra de $3 millones por una única vez.