Fue el 14 de mayo que el contralor general de la República de Chile, Jorge Bermúdez, realizó una ponencia ante sus pares de Latinoamérica y el Caribe, en la que abordó el rol de los organismos de control frente a la pandemia del Coronavirus. 

Ese día el abogado advirtió que la emergencia puede constituir un riesgo para la corrupción, ya que se "requiere acciones gubernamentales rápidas, que muchas veces se saltan los procedimientos y la legalidad bajo la premisa de 'el fin justifica los medios'". 

Bermúdez hizo esta ponencia no solo en su calidad de contralor, sino que además como secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), cargo que recae en Chile desde 2013, y que Bermúdez ejerce desde 2015, cuando asumió el cargo en reemplazo de Ramiro Mendoza.

Es este el organismo internacional al que diputados de la UDI y RN enviarán un escrito, para que se revise la parcialidad de la Contraloría General de la República (CGR) de Chile.

Tal como adelantó T13.cl, el documento busca que la Olacefs determine si hubo o no un sesgo "ideológico" de la entidad o si se excedió en sus facultades fiscalizadoras frente al sumario iniciado contra Carabineros de Chile, en que se formulan cargos contra siete generales del alto mando de Carabineros, por su presunta responsabilidad en los operativos del estallido social de octubre pasado.

La presentación ha sido comentario obligado en Teatinos 56, donde no pocos han advertido el hecho que Chile Vamos pida al organismo donde Bermúdez ejerce la secretaría general, fiscalizar al propio Bermúdez. 

A esto se suma que la carta constitutiva de la Olacefs señala que este es un organismo de colaboración entre pares, más que una suerte de contraloría de las contralorías.

De hecho, entre sus atribuciones está el "promover y realizar estudios sistemáticos de investigación en materia de control y fiscalización del manejo de los recursos públicos y difundir sus resultados entre sus miembros"; realizar cursos y seminarios, promover la prestación de asesorías, realizar publicaciones conjuntas, entre otras que se pueden revisar en este link. 

Sobre pronunciarse sobre el actuar de las contralorías frente a casos puntuales, el documento no menciona nada similar entre sus deberes. 

Incluso, conocedores del funcionamiento de la entidad fiscalizadora ponen como ejemplo que un recurso como este sería el equivalente a pedirle al Consejo de Rectores que se pronunciara sobre el actuar de alguno de sus rectores miembros; o que solicitara a la Conferencia Episcopal que se manifestara sobre el actuar de su propio secretario, función que en la actualidad recae en Fernando Ramos. 

Coloma y Flores piden a Bermúdez inhabilitarse

Consultado por T13.cl sobre el rol que el contralor Bermúdez ejerce en el organismo internacional, el diputado UDI Juan Antonio Coloma expresó: 

“Si el contralor es el secretario ejecutivo de la Olacefs, se deben cumplir todos los principios de transparencia, probidad e imparcialidad. Lo único que le cabe a Bermúdez es su inhabilitación y abstenerse de cualquier pronunciamiento en esta materia”, afirmó.

En esta misma línea, la diputada Camila Flores planteó que "al ser secretario, es evidentemente incumbente, por lo que esperamos que se inhabilite de este pronunciamiento".

En tanto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli remarcó que si bien no se pronunciará sobre "anuncios" hizo hincapié en que el sumario de la Contraloría es un proceso en curso, y entregó su respaldo a los funcionarios investigados.

"Se han formulado cargos a determinados generales, y lo que corresponde es que esas personas hagan sus descargos, y yo estoy seguro que con los descargos que van a presentar los generales ante la contraloría se van a desvirtuar los cargos que se les hicieron",  dijo.

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