Mientras el Congreso busca destrabar el proyecto que amplía las facultades para acceder a información bancaria en investigaciones por delitos graves, la más reciente Encuesta Criteria reveló una señal clara de la ciudadanía: existe apoyo para endurecer la persecución del crimen organizado, pero no a cualquier costo. La mayoría de los consultados considera que el Estado debería contar con autorización judicial antes de revisar cuentas bancarias.
El sondeo, realizado el 11 de junio de 2026 mediante un panel online, muestra que las opiniones se distribuyen entre quienes consideran necesario fortalecer las herramientas investigativas del Estado y quienes advierten sobre posibles efectos en la privacidad de las personas.
La mayoría exige autorización judicial para revisar cuentas bancarias
Uno de los principales hallazgos del estudio se relaciona con el mecanismo que debería utilizar el Estado para acceder a información financiera cuando investiga delitos graves.
Según los resultados, 56% de los encuestados estima que las instituciones públicas deberían revisar cuentas bancarias únicamente con autorización de un juez. En contraste, 35% considera que el acceso debería permitirse sin autorización judicial, mientras que 9% cree que el Estado nunca debería tener acceso a las cuentas de los ciudadanos.
Las diferencias también aparecen al analizar la orientación política de los consultados. El apoyo al acceso sin orden judicial alcanza su nivel más alto entre personas de izquierda, con 49%, mientras que en el centro llega a 34% y en la derecha desciende a 31%.
Por su parte, quienes se identifican con la derecha son los más favorables a mantener la intervención de los tribunales, con 62% de respaldo al control judicial, mientras que entre quienes no se identifican políticamente esa cifra alcanza 59%.
Pese a las diferencias sobre el procedimiento, la encuesta detectó una mayoría favorable a que el Estado cuente con mayores atribuciones para acceder a información bancaria cuando se trata de investigar delitos graves.
Ante esa consulta, 57% manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo con entregar dichas facultades. En tanto, 24% se declaró en desacuerdo o muy en desacuerdo, mientras que 19% adoptó una posición neutral.
El respaldo es particularmente alto entre personas de izquierda, donde alcanza 75%. En el centro y la derecha el apoyo llega a 53%, mientras que entre quienes no se identifican políticamente alcanza 52%.
Privacidad: el principal punto de tensión del debate
Uno de los argumentos más recurrentes en la discusión legislativa es el posible impacto que estas medidas podrían tener sobre la privacidad de los ciudadanos.
Consultados sobre la afirmación de que otorgar mayores facultades al Estado para acceder a información bancaria podría afectar a personas que no han cometido delitos, 49% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo, lo que indica que no considera este riesgo como una preocupación relevante.
Sin embargo, 26% sí cree que existe un riesgo para la privacidad, mientras que 25% mantiene una posición neutral.
Las diferencias políticas vuelven a ser significativas. La mayor preocupación aparece entre quienes se identifican con la derecha, donde 61% considera que existe un riesgo para la privacidad. En el centro, esa percepción llega a 49%, mientras que en la izquierda baja a 33%. Entre quienes no se identifican con ningún sector político, el porcentaje alcanza 46%.
