El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó el lunes arresto domiciliario total para la diputada Catalina Pérez, quien fue acusada por la fiscalía de fraude al fisco en el marco del Caso Democracia Viva.
Su abogado defensor, Gonzalo Medina, conversó con Tele13 Radio y se refirió a la medida cautelar decretada por la justicia. Además de no coincidir con el criterio de la jueza, ya que ellos buscaban que sólo quedara con firma mensual, aseguró que no existen antecedentes para responsabilizarla por fraude.
“Nosotros hemos revisado todos los antecedentes que hay en la investigación y lo cierto es que consideramos que los antecedentes que se toman en cuenta para inferir su responsabilidad no son suficientes”, declaró Medina.
“Son algunas comunicaciones de correos electrónicos, algunas comunicaciones de WhatsApp… particularmente genera mucho resquemor estas comunicaciones ocurridas cuando el caso estalló… hay conversaciones en que la diputada dice ‘mira, veamos como reaccionamos a esto, qué hacemos’, pero si uno revisa que pasó en la época de suscripción de los convenios, no hay casi nada”, agregó.
“Hay 47 personas que han declarado en la investigación, y de esas 47 personas ninguna afirma que Catalina Pérez tuvo alguna intervención. Y ese es un antecedente que no es menor”, siguió.
“La fiscalía no la acusa de haber sabido de los convenios, la fiscalía la acusa de que ella convenció al exseremi de invitar a la Fundación Democracia Viva, y que convenció a Daniel Andrade de postular. Y si uno revisa la declaración de las personas encargadas de la selección de las fundaciones, si uno revisa lo que declaran todas las personas del Serviu involucradas, ninguno de ellos recuerda que Catalina Pérez o su nombre haya aparecido”, complementó.
Los chats de Catalina Pérez
Medina también se refirió a las conversaciones de la parlamentaria con Daniel Andrade, a las que tuvo acceso la fiscalía y T13, y en la que ambos conversan sobre cómo abordar el tema cuando salió a la luz pública.
“La misma diputada ha reconocido que esos mensajes son calificados al menos de desafortunados, pero fue en un contexto de una explosión mediática, de una crisis, ella expuesta al centro de todo esto, veía involucrada a quien era su pareja en ese minuto, y se tomaron decisiones precipitadas, desafortunadas para intentar salir del paso”, explicó.
“Pero de ahí a decir ‘si eso sucedió a mediados del 2023, aunque no tenga evidencia que hizo algo el 2022, debería entender que si lo hizo también’. Ese salto lógico a mí me parece complejo de acreditar. Uno podría, quizás, darlo sin más en un juicio político. Pero cuando se trata de decidir si la gente es privada de libertad o no, yo creo que el ordenamiento jurídico pide un poquito más de rigurosidad”, añadió.
