Tras darse a conocer que su pareja está siendo investigada por adjudicarse un subsidio para el 40% más vulnerable de la población, el diputado republicano, Alejandro Riquelme salió a "aclarar antecedentes falsos, que están siendo divulgados".
A través de una declaración pública difundida en redes sociales, el parlamentario señaló sobre el caso que "el proyecto habitacional cuestionado se enmarca en un convenio GORE-MINVU del año 2021, aprobado antes de que yo asumiera como consejero regional y participara en política".
"Sobre el subsidio cuestionado, la información disponible indica que: se accedió al subsidio de acuerdo con la evaluación realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por SERVIU, durante el año 2022. Cuando mi expareja postuló al subsidio: estábamos separados y sin convivencia", agregó.
Además de entregar estos antecedentes, manifestó que "siempre colaboraré con la justicia y con cualquier otro organismo que lo requiera y espero que esto se investigue y aclare a la brevedad. Reafirmo mi apego irrestricto a la ley y descarto además, cualquier imputación de irregularidad o delito alguno".
"No solo debemos hacer un llamado a respetar el principio de igualdad ante la ley, sino que además la presunción de inocencia e imparcialidad en la investigación; que en este caso no se han respetado", cerró Riquelme.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Magallanes y el Consejo de Defensa del Estado luego que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) presentara la denuncia.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, declaró sobre el caso que "estamos con un plan de fiscalización del mal uso de las viviendas sociales y eso afecta a todos los ciudadanos por igual. Nadie queda al margen de eso, todos son iguales ante la ley".
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