Duras críticas emitió este lunes la contralora, Dorothy Pérez, a la llamada ley de "amarre" del gobierno.
La situación se dio en su visita a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para hablar del proyecto de ley de reajuste al sector público. En medio del debate, la autoridad aseguró que el organismo que lidera "no cuenta con la data del conjunto total de asignaciones que están sujetas a reajuste. Y esto nos impide validar la proyección de estos gastos, como se requirió en la invitación".
Sobre este tema, precisó que si bien ha habido conversaciones con la Dirección de Presupuestos para revisar la metodología de trabajo, explicó que "hay otros componentes de gasto, por ejemplo, los aguinaldos y los bonos, que no tenemos como validarlos porque no están los antecedentes relativos a las personas que van a ser beneficiarias de estos aguinaldos y bonos ni tampoco los tramos de sueldos entre los cuales se va a asignar estos pagos y beneficios".
Y en ese sentido, esbozó una crítica al ingreso de funcionarios a contrata con grados altos y sueldos millonarios, quedando en una mejor situación que trabajadores que llevan años. Asimismo, recalcó que en algunos casos estos llegan a hacer "la misma función" que empleados públicos que estaban antes.
"Hay personas que son funcionarios públicos que llevan 20 años para subir de grado, 15 años, 18 años que han ido ascendiendo vía carrera... sin embargo, de manera oblicua, en distintas épocas, han ingresado personas con grados muy superiores", precisó.
"Los funcionarios nos reclaman: ‘Qué injusticia se produce cuando ingresa alguien de manera directa y nosotros llevamos una década esperando", agregó.
La crítica de Dorothy Pérez a la llamada "ley de amarre"
La contralora Dorothy Pérez aprovechó la ocasión para criticar abiertamente la llamada "ley de amarre" del gobierno, cuya controversia se generó por una norma que contiene y que busca que a los funcionarios públicos que no se les renueve el contrato o que sea en condiciones distintas, se les notifique por acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de hechos y sustentado en criterios "objetivos" y "acreditables".
"Para los funcionarios que son (a contrata) transitorios establece que por el solo ministerio de la ley expirarán el 31 de diciembre... este artículo lo que está haciendo es modificar de manera directa un régimen estatutario, pero no se hace cargo de los efectos que tiene esta modificación en el resto del sistema", explicó Pérez.
Además, destacó que esta normativa afectaría directamente a la carrera funcionaria, ya que podrían ser "saltados" por trabajadores ajenos a la administración pública o que lleven poco tiempo y pudiesen obtener cargos de mucho mayor grado en desmedro de los trabajadores que ya son parte del sistema público.
"Esta norma altera las competencias de un órgano. Esta norma, que es una ley miscelánea, altera directamente las competencias de un órgano de naturaleza autónoma constitucional. Estas competencias específicas le confieren la facultad a la Contraloría de pronunciarse en estas materias", recalcó.
"Se está modificando el régimen jurídico de la Contraloría General de la República... esto tiene que verificarse por una norma orgánico constitucional", sentenció.
