El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció esta semana la creación de una comisión transversal para revisar el Estatuto Administrativo, lo que implicaría un profundo cambio al sistema que regula las relaciones laborales de los funcionarios públicos.
El secretario de Estado expresó el pasado lunes que la instancia se constituirá durante esta semana y tendrá un plazo de aproximadamente dos meses para desarrollar su trabajo, proyectando la entrega de sus conclusiones antes de que termine el año.
El anuncio generó la inmediata reacción de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), cuyo presidente, José Pérez, lo calificó como "contradictorio" y "violento".
En tanto, mientras desde el Congreso también surgieron reparos, expertos del mundo económico respaldaron la iniciativa.
¿Qué es el Estatuto Administrativo?
El Estatuto Administrativo está contenido en la Ley 18.834, promulgada el 15 de septiembre de 1989 y refundida por el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N° 29 de 2004, y regula las relaciones laborales de los funcionarios de la administración pública. Es decir, opera desde la época de Augusto Pinochet.
En los últimos años han surgido voces que cuestionan aspectos como la rigidez para modificar las plantas de trabajadores, las dificultades para efectuar desvinculaciones por desempeño, la coexistencia de diferentes regímenes contractuales y el funcionamiento de los sistemas de evaluación. Todos elementos que ahora se sitúan en el centro de la discusión que pretende iniciar el Ministerio de Hacienda.
El ministro Quiroz destacó que el actual Estatuto Administrativo "tiene larga data" y que las condiciones bajo las cuales fue ideado han cambiado.
La comisión transversal que revisará el Estatuto Administrativo estaría encabezada por un economista independiente, según adelantó el ministro en el programa Estado Nacional.
¿Por qué la controversia? Los cuestionamientos de funcionarios públicos y la oposición
El presidente de la ANEF, José Pérez, argumentó que la organización ya dialoga con el Gobierno para abordar las materias relacionadas con la modernización del Estado.
El pasado 20 de mayo la directiva se reunió con el Presidente José Antonio Kast y planteó su disposición a participar en las eventuales modificaciones al funcionamiento del sector público. Luego del encuentro, el jefe de Estado solicitó al Ministerio del Trabajo, al Servicio Civil y a la Subsecretaría del Trabajo iniciar una mesa técnica con la agrupación.
"El jefe del ministro Quiroz estableció un diálogo formal con la ANEF. Entonces, el anuncio nos parece violento. Si no sabe de su existencia, que le pregunte a su jefe, el Presidente, cuál es la relación formal con la ANEF", cuestionó Pérez.
Por su parte, el diputado Raúl Soto, presidente del PPD, planteó que "las comisiones técnicas son bienvenidas en la medida que tengan la diversidad que requiere una política de Estado, como es, por ejemplo, la modernización de lo público, la modernización del Estado", en declaraciones compartidas por Emol.
Sin embargo, cuestionó que hasta ahora la oposición no ha sido contactada para participar en la instancia.
"Si el Gobierno quiere hacer comisiones a su medida, a la medida de sus ideas y propuestas para tratar de validarlas, es hacernos trampa en el solitario", manifestó.
En tanto, el diputado Álvaro Ortiz, presidente de la Democracia Cristiana, también expresó cautela ante el anuncio.
"Ellos en su momento dijeron que quienes se desempeñaban en el ámbito público eran prácticamente la grasa del Estado, veremos de qué forma ha cambiado esto. Muchas veces nos quedamos en anuncios y todo viene con letra chica", planteó, de acuerdo con el citado medio.
Finalmente, la exministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, cuestionó a través de X que "el ministro de Hacienda sigue inundando la agenda y anuncia una comisión para reformar el Estatuto Administrativo que rige la función pública. Considerando que esto tiene que ver con la gobernanza del Estado para que entregue el mejor servicio a la ciudadanía, llama la atención que señale de entrada que quien liderara dicha comisión será un ‘economista’. La señal resulta reduccionista, pues modificar este instrumento no puede ser planteado sólo como un mecanismo de ajuste fiscal".
Por el contrario, el anuncio encontró el respaldo en el mundo económico, donde fue recibido como una oportunidad para realizar modificaciones estructurales.
"En la práctica, quienes están en la modalidad de planta tienen una inamovilidad extrema, lo que impide la desvinculación incluso ante el incumplimiento de los deberes por parte del trabajador, debido a lo engorroso de los procesos", planteó a Emol el director del OCEC-UDP, Juan Bravo.
"En consecuencia, la eventual desprotección que enfrentan los trabajadores en la modalidad a contrata ante la contingencia del término del vínculo laboral se contrapone con los privilegios excesivos de los trabajadores a planta, que reducen los incentivos necesarios para un adecuado desempeño o generan discriminación arbitraria con el resto de los trabajadores", agregó.
Asimismo, mencionó que "uno de los problemas más graves en la actualidad es que no existe un mecanismo de evaluación de desempeño de los funcionarios públicos que sea exigente y que genere consecuencias reales en función del desempeño, premiando el desempeño destacado y castigando el mal desempeño".
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