Por qué importa. La información extraída del celular y el notebook incautados a la —hasta el domingo— presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), permitirá reforzar o debilitar la investigación por delitos de corrupción abierta en su contra por el fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Ésta se inició por el hallazgo de chats comprometedores con la hoy exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), incautado en el caso Sierra Bella.
- Una diligencia clave para la indagación por eventual tráfico de influencias y cohecho será la descarga y separación de información de interés criminal de la de naturaleza privada que harán la fiscalía y la defensa de Cariola, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, según estableció el juez Mario Cayul en la audiencia de cautelares de garantía del jueves 13.
- Ese mismo día debía verse un recurso interpuesto por el defensor de Cariola que buscaba anular el allanamiento del 3 de marzo en el departamento de Providencia parlamentaria, ocurrido dos horas y media después de su parto. En éste se incautaron su iPhone y notebook.
- Pese a las acusaciones de presunta violencia obstétrica de la parlamentaria, su pareja —el diputado PS Tomás de Rementería— y La Moneda, el recurso fue retirado al comienzo de la audiencia, lo que validó la diligencia.
Cómo se hará la extracción. El procedimiento fue acordado entre Cooper y Manríquez, en una reunión telemática realizada el lunes. Allí, explican conocedores del encuentro, se acordó:
- Quién tendrá el celular. Estará en poder de Cooper y no será compartido ni a Carabineros ni a la Policía de Investigaciones (PDI).
- La descarga. La descarga la hará el fiscal, auxiliado por un experto en informática, que participó de la reunión del lunes.
- Receptor. Este viernes, la fiscalía debiera entregar a la defensa las características del equipo en que deberán recibir la información, dados los gigas del iPhone incautado.
- Palabras clave. Luego comenzará la descarga, donde el experto navegará buscando palabras clave.
- Crítica política. Se descartará inicialmente la información privada. Según estableció el juez Cayul, ésta incluirá “todo aquello que no tenga interés criminalístico, es decir, todo aquello personal, político, familiar”. En su resolución dijo que “a petición de la defensa, se incluye toda información en relación a crítica política”. De este material descartado, “la fiscalía no podrá quedarse con copia alguna”.
- Control cruzado. Con la información restante se realizará un control cruzado. Éste considera dar una identidad digital a cada archivo y una firma electrónica para asegurar que la fiscalía y defensa tengan lo mismo. Luego estos archivos serán revisados.
- Discrepancias. En el entorno de la diputada estiman que debiera haber acuerdo en torno a un 75% de la información extraída. El fiscal Cooper ejemplificó casos en los que podría haber diferencia de opinión. “Pongamos un ejemplo”, dijo a radio Duna el 14 de marzo. “Fotografías de una fiesta de cumpleaños, usted me dice: oiga, eso es privado. Y yo le voy a decir, no pues, no es tan privado porque (…) hay ciertas personas que están en esa fotografía con usted que a mí me van a ayudar en la teoría del caso”. Otros casos pueden ser temas que involucren a autoridades chinas, aunque sean en un contexto de reuniones parlamentarias oficiales.
- Audiencia sin público. Los casos en los que no se llegue a acuerdo serán resueltos en una audiencia a puertas cerradas ante el tribunal. Cooper adelantó que la fórmula sería la presentación de una cautela de garantías, que busca resguardar los derechos del imputado.
- Notebook. Una vez terminado el proceso, se realizará uno análogo con el notebook.
- Mínimo un mes. Las diligencias es estima demorarán al menos, un mes.
Panorama general. El caso se originó por un chat en que Cariola pidió a Hassler interceder por el supermercado Chinamart ligado a su amigo Bo Yang, conocido como Emilio Yang, que tenía un problema con la patente de alcoholes.
- “Tengo un cacho, necesito tu ayuda. Uno de mis amigos chinos empresarios tiene un mall chino en Santiago y por problemas administrativos no alcanzaron a pagar la patente, y los van a clausurar”, escribió el 18 de enero de 2022. El Concejo Municipal rechazó la petición.
- Yang es también quien le arrendaba un departamento en Providencia por cerca de $950 mil, dijo su defensor. Ese monto está un 28% por debajo del precio de mercado.
- Yang no figura como dueño del supermercado ni del departamento. Su rol era de “gestor de intereses”, dijo Manríquez.