La ley de reajuste en el sector público, que surgió del acuerdo entre el gobierno y la Mesa del Sector Público ha generado críticas desde la oposición, quienes han acusado un intento de "amarre" de funcionarios. Desde el Ejecutivo, sin embargo, se descartó aquello y se pidió "distinguir" entre trabajadores de confianza y de carrera.
Tras las críticas opositoras, entre ellas la del Presidente electo José Antonio Kast, los ministros Álvaro Elizalde, de Interior, y Nicolás Grau, de Hacienda, explicaron por qué la normativa no pretende mantener en sus cargos a funcionarios afines al gobierno.
Elizalde planteó que en esta situación "hay que distinguir.En lo que respecta a los cargos de exclusiva confianza, obviamente quienes desempeñan esas funciones cesan el 11 de marzo. Son personas que han participado del gobierno producto de su compromiso con el Presidente Boric y, por tanto, van a cesar todos con motivo del cambio de mando".
"Cuestión distinta es respecto de los funcionarios públicos de carrera. Y respecto de esa situación particular se ha hecho la propuesta que, por lo demás, está sometida a consideración del Congreso Nacional a través de un proyecto de ley", agregó.
A las palabras de Elizalde se sumó Grau, quien indicó que "la gran mayoría de las personas que trabajan en el Estado vienen desde distintas administraciones. No necesariamente comparten la visión política con el gobierno de turno".
Y lo que plantea la ley es que en el caso de que algún funcionario de carrera sea desvinculado, "lo que tiene que ocurrir es que ese acto de desvinculación tiene que ser un acto fundado. Y esas personas tendrán el derecho de reclamar aquello en la Contraloría".
"Esto no es un amarre, en ningún caso, simplemente se solicita que el acto de un despido de una persona que tiene carrera funcionaria, pueda ser debidamente justificado. Eso es todo lo que va a ir en la ley de reajuste", agregó el titular de Hacienda.
Acusaciones sobre "amarre"
La iniciativa del Gobierno establece que para la desvinculación de un funcionario "no bastará la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico".
Asimismo, se plantea que la no renovación de contratas se podrá efectuar solo a través de un "acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho", el cual deberá estar "sustentado en criterios objetivos y acreditables".
Respecto a la polémica, Kast sostuvo que "ahora tenemos un amarre que es con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide".
