Declaración de Maya Fernández.  El Mercurio dio a conocer detalles de la declaración que durante los primeros días de marzo hizo la entonces ministra de Defensa Maya Fernández, en calidad de imputada en el marco de la investigación por posible tráfico de influencias que dirige el fiscal Patricio Cooper por la fallida venta de la casa de Guardia Vieja que perteneció al expresidente Salvador Allende, abuelo de la ahora exministra.

  • En la declaración, Fernández señaló que la idea de la compra de la propiedad surgió a fines de 2022 o principios de 2023, y que lo supo a través de su tía Isabel
  • “Me comenta que en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar había una idea del Ejecutivo de adquirir la casa para convertirla en un museo”, dice la entonces ministra.
  • Luego, señala que pasó alrededor de un año y que es su tía quien le informa que se había “aprobado en la Ley de Presupuesto la compra de dos inmuebles”. El de su abuelo y el del expresidente Patricio Aylwin.
  • Fernández afirma que La compra pasó por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Bienes Nacionales, sin que ella se involucrara en las decisiones técnicas.
  • “Sobre los avances de la compra puedo decir que Felipe Vio (abogado que representaba a la familia y pareja de Marcia Tambutti, hija de Isabel Allende y prima de Maya Fernández) nos informaba indistintamente a todos en la familia a medida que el Ministerio de Bienes Nacionales requería documentación”.
  • La ahora exministra niega también haber participado en reuniones con funcionarios de los ministerios involucrados (Bienes Nacionales y de Cultura) o haber ejercido influencia o presiones para agilizar la compra.
  • Fernández dice que no tenía conocimiento del proyecto de administración del inmueble presentado por Vio y Genaro Cuadros y que éste último trabajó en el ministerio de Defensa, pero no por su intervención.
  • Ella también señala que desconocía detalles de la compraventa, como la forma de pago, dado que Vio “para eso tenía el mandato” de la familia.
  • En relación de la prohibición constitucional de celebrar contratos con el Estado siendo ministra, Fernández afirma que “nunca tuve conocimiento de aquello, nunca he tenido negocios públicos o privados, nunca nadie me alertó tampoco sobre esto”.
  • Agrega que “lo único que tuve como información fue que podía producirse un tema comunicacional por la figura de mi abuelo y que de ello se haría cargo la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno. De hecho, esta compra siempre se hizo pública y fue la propia secretaria de Comunicaciones que anunció la compra de ambas casas” y que se enteró de los inconvenientes de la venta el 2 de enero de 2025, cuando se preparaba para un viaje al Polo Sur, tras lo cual pidió información a su tía, Isabel Allende.
  • Maya Fernández tiene 53 años y es hija de la ya fallecida Beatriz “Tati” Allende -la segunda de las tres hijas de Allende y la más cercana al fallecido ex Presidente- y del cubano Luis Fernández Oña.
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Isabel Allende. Tanto Maya Fernández como su tía Isabel Allende tenían una prohibición constitucional por sus cargos de ministra y senadora, respectivamente, para celebrar contratos con el Estado.

  • El Tribunal Constitucional (TC) declaró este mes, por 8 votos contra 2, el cese en el cargo  de la senadora, mientras que el 10 de marzo Fernández renunció al ministerio de Defensa.
  • La declaración de Maya Fernández complica la situación de la exsenadora Allende, ya que se da a conocer justo después de que se revelara una conversación entre el ahora ex jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi y su madre, Claudia Serrano, exministra del Trabajo de Bachelet 1, grabada por la PDI el 7 de enero pasado. El teléfono de Crispi estaba siendo monitoreado por su rol en el Caso ProCultura.
    • Ese diálogo provocó que se abriera una investigación penal contra la exsenadora Isabel Allende, ya que la conversación apunta a tráfico de influencias en la fallida venta por $933 millones de la residencia de su padre.
    • En la grabación, Serrano le pregunta a su hijo: “¿Ella (Isabel Allende) lo pidió?”.
    •  Crispi: “O sea llamó hasta al portero del ministerio. Weveando, weveando, weveando que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”. Además, afirma que la familia Allende es “totalmente incompetente”.
    • Al día siguiente se envió el diálogo al fiscal Patricio Cooper, encargado de investigar el caso ProCultura y también la arista penal de la fallida compraventa.
    • Isabel Allende reaccionó con un desmentido: “Lo dicho por el señor Crispi en ese llamado es falso y constituye una falta de respeto a mi familia”.
    • Pese a que el Tribunal Constitucional la despojó del cargo de senadora por su intervención en el caso, Isabel Allende señaló: “No intervine en la venta de la casa de mi padre. Como hemos reiterado seguimos las instrucciones del gobierno”(…) “Que el señor Crispi explique sus dichos a la brevedad”.
    • Según el expediente judicial, la ahora exsenadora jugó un rol protagónico en la fallida venta del inmueble al Estado.
    • Desde la oposición anunciaron que, tras la semana distrital, pedirán que Crispi y a la exsenadora sean invitados a la comisión de la Cámara de Diputados que indaga el caso.
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