El escándalo en torno al caso que involucra a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, está lejos de terminar, y muy por el contrario, durante las próximas semanas podrían haber nuevas diligencias esenciales para la causa.

Así al menos ocurrió la semana pasada, cuando el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó a la Fiscalía allanar las dependencias de los Conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, desde donde se requisaron computadores, teléfonos y una serie de antecedentes que podrían vincular a los conservadores Sergio Yábar y Yamil Najle en presuntos delitos de cohecho.

La sospecha radica en traspasos de dinero en efectivo, y también por transferencia electrónica, entre los conservadores con el círculo cercano de Vivanco, entre ellos su pareja, Gonzalo Migueles -quien trabajó con Yáber en Puente Alto- y otros “blancos de interés” en la causa que lleva la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

La fiscal investiga a Vivanco, su pareja y otros sospechosos, por presuntas irregularidades en el litigio entre el Consorcio Belaz Movitec (CBM), conformado por Movitec y Belaz, una empresa estatal de Bielorrusia y Codelco.

Lo que se sospecha en esta causa es un eventual cohecho para que Vivanco, cuando era ministra de la Suprema, en 2023, votara en un fallo a favor de la firma en desmedro de Codelco.

La investigadora no ha frenado en nada las pesquisas, es más, desde esta causa surgió una nueva arista que ya fue despachada, a través de un informe reservado, a la Fiscalía Regional de Valparaíso.

De acuerdo a la información recabada por Reportajes Teletrece, en manos de la fiscal regional, Claudia Perivancich, existe un informe donde se transcribió una llamada telefónica en que uno de los “blancos de interés” en la causa por cohecho contra la exministra Vivanco habla de gestiones que se le encargaron para evitar la remoción del ministro Ulloa.

La llamada interceptada es reciente, pues la votación en que el pleno de la Corte Suprema rechazó la remoción de Ulloa ocurrió el 30 de septiembre y fue por esos días que, uno de los investigados por lavado de activos y cohecho en la causa en que se indaga a Vivanco, tuvo una conversación en que habló sobre las gestiones que el círculo cercano a la exministra estaba realizando para “salvar” a Ulloa.

En la conversación, de acuerdo a la información obtenida por Reportajes Teletrece, uno de los investigados señaló que se habrían estado haciendo gestiones para obtener el voto del ministro de la Suprema, Arturo Prado.

La votación de Prado

Al conocer esta llamada, la fiscal Wittwer preparó un informe y lo remitió a la Fiscalía Regional de Valparaíso ¿Por qué? Es en esa jurisdicción del Ministerio Público que se investiga eventuales delitos asociados a los nombramientos de integrantes de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones.

Arturo Prado fue abogado integrante de la Corte Suprema entre 2011 y 2017, año en que pasó a integrar el pleno del máximo tribunal, como ministro.

En el caso de Ulloa, Prado votó de manera distinta las dos veces que se vio la remoción de Ulloa -a quien se le investiga por presuntos favores al abogado Luis Hermosilla, a partir de sus conversaciones por WhatsApp- en el pleno.

Lo primero que se votó en la Suprema fue la apertura de un cuaderno de remoción sobre Ulloa y lo segundo y último -y sobre donde están las sospechas- fue derechamente la remoción.

Allí sólo dos de los 14 ministros integrantes votaron igual en ambas ocasiones. Arturo Prado, que estaba a favor de abrir el cuaderno de remoción, luego votó contra su salida, salvando su permanencia en el Poder Judicial.

Fueron los ministros Manuel Antonio Valderrama, Arturo Prado, Mauricio Silva, María Angélica Repetto, Adelita Ravanales, María Teresa Letelier y Diego Simpertigue quienes rechazaron la remoción.

Sin embargo, mañana en la Cámara de Diputadas y Diputados se escribirá un segundo capítulo, pues se votará allí la remoción del aún ministro.

Un dato más: en las llamadas interceptadas también se evidenció que un grupo de abogados particulares sigue vinculado al ministro Ulloa, pues luego de ser “salvado” de la remoción, el grupo se puso de acuerdo para celebrar en un restaurante del sector oriente de la capital. Sin embargo, de acuerdo a fuentes consultadas, no todos llegaron, pues hay algunos que prefirieron restarse, porque sabrían que la causa prontamente traerá nuevos movimientos.

Consultado el ministro Prado, a través de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, señaló a T13 que “nadie me ha llamado para sugerir alguna forma de votación en un asunto sometido a mi conocimiento como ministro de la Corte Suprema. Como juez y profesional jamás aceptaría que se me indicara o siquiera se insinúe algún curso de acción en materias que debo resolver o que estén sometidas a mi conocimiento”.

Agregó que “en este caso, la razón por la que rechacé la remoción del ministro Sr. Ulloa obedece a que llegue a la convicción de que las pruebas y los elementos allegados en la audiencia llevada al efecto, ponderados en su mérito con el objeto de aplicar esta drástica sanción, no eran suficientes y no cumplían el estándar probatorio requerido, considerando la gravedad, proporción y trascendencia de la medida propuesta. Esta y no otra son los motivos y razones que justificaron mi voto".

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