La paralización judicial de la ampliación de la cárcel Santiago 1 abrió un foco de tensión entre el Gobierno y autoridades regionales. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, confirmó que el Ejecutivo ya cuenta con una alternativa para enfrentar la crisis de sobrepoblación penitenciaria si el proyecto en la capital no prospera, aunque advirtió que la intención sigue siendo concretar las obras en Santiago.
La definición generó una inmediata reacción desde Rancagua, donde el alcalde Raimundo Agliati cuestionó la forma en que se comunicó la eventual medida y exigió que cualquier decisión sea informada previamente a la comunidad.
El "Plan B" del Gobierno tras el freno a Santiago 1
En entrevista con Estado Nacional de TVN, el subsecretario Luis Silva explicó que la principal alternativa es adelantar la ampliación del complejo penitenciario de Rancagua.
"Ahí hay un proyecto de ampliación que, evidentemente en el tiempo, estaba más adelante. Ese sería el plan B. Nosotros no queremos activarlo", afirmó la autoridad.
Silva detalló que la estrategia forma parte del plan nacional de infraestructura penitenciaria, que contempla nuevas cárceles y ampliaciones en distintas regiones del país. Entre las iniciativas mencionó un nuevo penal en Copiapó, otro en Calama, además de proyectos en Antofagasta, Arica, Alto Hospicio y Rancagua.
Según explicó, el objetivo es sumar 24 mil nuevas plazas penitenciarias hacia 2031, en un contexto donde la población penal ha aumentado significativamente durante la última década.
Gobierno insiste en ampliar Santiago 1
Pese al escenario alternativo, el subsecretario aseguró que la prioridad sigue siendo la ampliación de Santiago 1, proyecto que fue frenado por resolución judicial.
A comienzos de junio, el 17° Juzgado Civil de Santiago acogió una solicitud presentada por la Municipalidad de Santiago y ordenó paralizar el avance de la iniciativa. Paralelamente, la Contraloría General de la República no tomó razón del decreto del Ministerio de Vivienda que buscaba modificar instrumentos de planificación urbana para concretar las obras.
Frente a este escenario, Silva sostuvo que el Ejecutivo continuará defendiendo la iniciativa.
"Nosotros vamos a insistir, por supuesto. Lo hemos dicho hasta el final, desde el Gobierno vamos a insistir en nuestra posición de que esto es una ampliación y que obedece a una política de Estado", afirmó.
La autoridad explicó además que el proceso continuará en instancias superiores, ya que la controversia deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones para determinar si corresponde mantener la medida precautoria que mantiene detenidos los trámites.
Alcalde de Rancagua rechaza anuncio y exige diálogo
Las declaraciones del subsecretario generaron molestia en Rancagua. A través de redes sociales, el alcalde Raimundo Agliati criticó que la comuna se enterara por medios de comunicación de una decisión que podría impactar directamente al territorio.
"Rancagua no puede enterarse por televisión de una decisión que pueda afectar directamente a nuestra ciudad", señaló el jefe comunal.
Agliati sostuvo que cualquier proyecto de esta magnitud debe ser informado formalmente a las autoridades locales y a la comunidad antes de ser anunciado públicamente.
"Si el Gobierno está evaluando adelantar la ampliación de un recinto penitenciario, primero debe siempre informar oficialmente a la comunidad y a sus autoridades", afirmó.
La autoridad comunal agregó que "hoy Rancagua merece respeto y participación frente a cualquier decisión que pueda afectar la calidad de vida de nuestros vecinos y el futuro desarrollo de nuestra ciudad".
