El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, respondió a la orden de arresto que emitió un juez en su contra, y la que posteriormente fue anulada, por no contestar a un requerimiento en una causa.
Mundaca acusó desproporción e irracionalidad en la medida, y apuntó directamente contra el juez Julio Fuentes por el caso.
“Esta es una información no oficial, trasciende en los medios de prensa, donde se señala que tengo una orden de arresto de tres días a propósito que no contestamos un requerimiento del juez Julio Fuentes de la región de Valparaíso… un requerimiento referido a un conflicto entre privados en el que nosotros no tenemos ni arte ni parte”, explicó Mundaca.
"Primero no fuimos notificados ni por RUT ni físicamente de esta orden de arresto, hasta el día de hoy no hemos sido notificados. Segundo, hemos sido informados también no oficialmente que la corte anuló la orden de arresto. Tercero, ¿se imagina usted que los jueces de la República estuvieran emitiendo órdenes de arresto a todas las autoridades electas democráticamente por no responder?”, planteó.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para saber quién filtró la información, porque aquí hay una práctica impropia, desproporcionada, irracional, pero particularmente quién filtra y con qué propósito filtra, porque aquí hay una filtración evidente de una resolución judicial que habla de un arresto a mi persona. Nunca fui notificado de forma no oficial, pero con el claro propósito de dañar mi honra y mi gestión al frente del Gobierno Regional”, siguió Mundaca.
“Parece completamente irracional, desproporcionado que a una autoridad electa democráticamente un juez de la República, Julio Fuentes, dicte una orden de arresto de tres días porque no contestamos un requerimiento de su tribunal. Es completamente desproporcionado, deberían meter a los delincuentes a la cárcel, no a una autoridad electa democráticamente”, complementó.
A qué requerimiento no respondió Mundaca
Fue el mismo gobernador de Valparaíso quién explicó a qué requerimiento no respondió.
“Se nos pregunta precisamente cuál es la relación que tenemos con un conjunto de empresas que son demandadas por un trabajador, precisamente por distintas acreencias. La gran mayoría de esas empresas son empresas inmobiliarias”, explicó la autoridad.
“La notificación pedía que entregáramos información con respecto a los datos que tiene el Gobierno Regional con respecto a estas inmobiliarias y si el Gobierno Regional tenía algún tipo de acreencias con estas empresas”, detalló.
