El Gobierno de Chile cuestionó y calificó como “maliciosas” e “inescrupulosas” las acusaciones contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, luego del robo al edificio de la cartera, desde donde se sustrajeron 23 computados, que ya fueron recuperados, y una caja fuerte. 

“Es preocupante que estos hechos que fueron apresuradamente, inescrupulosamente, maliciosamente utilizados por un sector de la oposición para imputarle un delito a un ministro de estado, sean también hoy objeto de un debate para que podamos entender que en política hay que instalar en la opinión pública argumentos que sean responsables”, enfatizó la ministra Vallejo.

“No puede ser que de manera apresurada a partir de estos delitos, un sector de la oposición haya injuriado, haya calumniado a un ministro de Estado, y por eso nuestro llamado como gobierno a un sector de la oposición es que se deje de utilizar políticamente estos casos, y nos tomemos en serio lo que hemos presentado”, agregó.

Durante la tarde de este viernes, Carabineros confirmó que los 23 computadores robados fueron encontrados, e incluso se detuvo a una persona que estaría involucrada en los hechos. Se trata de una mujer chilena, con antecedentes penales. 

Desde el Ejecutivo recalcaron que los computadores tenían respaldo y que no sufrieron ningún tipo de intervención, pero insistieron en su crítica a la oposición por las acusaciones contra Jackson. 

Incluso, 23 diputados de la bancada de la UDI enviaron una carta al Presidente, Gabriel Boric, para solicitar la salida del ministro Jackson y calificaron el robo en el ministerio como “sospechoso”. 

“Seguir instalando un manto de dudas sobre el ministro respecto a estos delitos es grave, es preocupante, e insistimos, el llamado a la oposición, en particular a un sector de la oposición porque no ha sido toda, es a asumir este debate con responsabilidad y dejar atrás la utilización política”, enfatizó la ministra Vallejo. 

Escándalo por robo en Ministerio de Desarrollo Social

Desde el gobierno además confirmaron que el Consejo de Defensa del Estado se querellará por el caso.

 

 

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