Un llamado a “cerrar las heridas” generadas por los crímenes durante la dictadura realizó el ex timonel de la UDI, Pablo Longueira.

Fue durante su participación en Mesa Central de Canal 13 que el también ex candidato presidencial afirmó incluso que estaría abierto a discutir sobre la libertad de los asesinos del ex senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

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"Me gustaría discutir en cómo cerramos esa etapa de dolor con las familias que vivieron la violencia política, con miembros de las Fuerzas Armadas que fueron parte de esa violencia política. Incluso, más aún, me gustaría ver de qué forma los que asesinaron a Jaime Guzmán también obtengan la libertad. Creo que hay que saber cerrar las heridas en un país, con altura, con grandeza, sin venganza, con humanismo", afirmó Longueira. 

Los dichos del ex senador generaron debate al interior del oficialismo. Una de las más duras fue la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien cuestionó la "liviandad" con que Longueira "avala la impunidad".

Por otro lado, el ministro del Interior y también histórico de la UDI, Víctor Pérez, afirmó que "las proposiciones que hagan los distintos dirigentes políticos en los debates públicos, uno los recibe, los analiza, los toma en consideración y vamos avanzando, pero no tenemos una resolución al respecto".

Y no solo eso: planteó que lo propuesto por Longueira formaba parte de "un documento del año 2003 que nosotros miramos con atención”.

El documento al que Pérez hacía mención lleva por título "La Paz ahora" y corresponde a una propuesta del gremialismo en materia de Derechos Humanos. 

"Los excesos, la violencia, la muerte, son semejantes en todos los tiempos. Pero la actitud de las personas frente a ellos puede no serlo", plantean en el texto, que comienza haciendo un repaso por "conflictos civiles" que enfrentó la sociedad chilena y que fueron "dejados atrás por una rápida reconciliación"

Luego el texto alude a los hechos ocurridos durante la dictadura, señalando que fueron antecedidos por un clima de "profunda convulsión social y de violentas confrontaciones fraticidas" y luego por el actuar de "ciertos grupos" que se "creyeron autorizados para actuar contra de quienes estimaron sus enemigos políticos (....) con abierta violación de sus derechos humanos".

Y aunque plantean que pueden existir "diversas y legítimas interpretaciones" sobre lo ocurrido, es necesario "mirar al futuro" y rechazar "definitivamente" la violencia. 

"Que tales graves excesos tuvieron lugar, es una evidencia: causaron y causan dolor que también nosotros sentimos, y ellos no deben repetirse nunca"

"Es una realidad que, durante ellas, muchas veces se cometieron excesos graves. Todos los chilenos nos dolemos de eso y quisiéramos que nunca volviera a repetirse nada semejante. Pero no basta con desearlo. Hay que actuar eficaz y conducentemente para lograrlo, en toda la medida de nuestras capacidades", afirman. 

Es por ello que llaman a "no quedar indiferentes" cuando existen chilenos que viven el "dolor" por la "desaparición y muerte de deudos" sumado al "desconocimiento de dónde se hallan sus restos". "Es algo que no podemos desconocer", señalan, agregando que la demanda de los familiares tiene tres dimensiones: verdad, justicia y reparación.

Pese a lo antes señalado advierten que la "gravedad moral" del "problema de los derechos humanos" no "afecta la legitimidad intrínseca del paso que entonces dieron las Fuerzas Armadas y de orden, a petición de una mayoría ciudadana, tras el quebrantamiento de todas las vías institucionales por la Unidad Popular".

Dicho todo esto, el documento gremialista propuso mejorar la ley de reparaciones a familiares, agilizar los procesos judiciales y establecer "rehabilitaciones morales", que declare "rehabilitados" a las personas condenadas por tribunales militares por delitos de traición a la patria. 

Y, adicionalmente, el gremialismo propuso al gobierno -en ese entonces de Ricardo Lagos- presentar un proyecto de indulto general que beneficiara a "todos los condenado" por leyes sobre conductas terroristas y que hubieran cumplido más de 10 años de prisión efectiva.

Un beneficio que incluso propusieron hacer extensivo a Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el crimen de Jaime Guzmán, y a otros que pudieran estar involucrados en el atentado. Este es el párrafo clave:

"Llamamos al Presidente de la República a utilizar los instrumentos diplomáticos y jurídicos conducentes a que Mauricio Hernández Norambuena, condenado a presidio perpetuo y, asimismo, los demás partícipes a cualquier título en el asesinato de nuestro líder y fundador, Jaime Guzmán, sean extraditados desde los países donde se hallen, o puedan reingresar al territorio nacional con la plena seguridad jurídica de que se beneficiarán en Chile de los efectos de esta ley general de indulto. Comprometemos a la aprobación de ésta todo nuestro apoyo", afirmaron en 2003.

El gremialismo admitió en ese entonces que el gesto de ofrecer un indulto a los asesinos de Guzmán no fue fácil, pero enfatizan que corresponde a una "señal de reconciliación".

"Estamos seguros de que este es un paso que Jaime Guzmán habría querido que diéramos", aseguraron.

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