El nuevo estado de excepción que considera el Gobierno como parte de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) podría aplicarse en zonas acotadas del país e incorporar medidas como restricciones al tránsito, toques de queda e incluso la interceptación de telecomunicaciones.
Así lo explicó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en una entrevista exclusiva con T13 Central, donde profundizó en los principales ejes de la mega agenda de seguridad anunciada este miércoles por el Presidente José Antonio Kast, tras la aprobación de la megarreforma.
Actualmente, la Constitución contempla cuatro estados de excepción: Asamblea, Sitio, Emergencia y Catástrofe. En ese contexto, el ministro sostuvo que ninguno de ellos está diseñado para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, por lo que el Ejecutivo propone crear una nueva figura: un quinto estado de excepción.
"De los estados de excepción que hoy tenemos, no hay ninguno que se haga cargo de la seguridad pública. Quizás el estado de emergencia se hace cargo, a veces, de la alteración del orden público, que es diferente a la seguridad pública. Lo que estamos pensando es que hay ciertas zonas de nuestro país, unas más acotadas, quizás un barrio, quizás un polígono en zonas de operaciones más rurales o en el norte del país, que requieren herramientas especiales para hacerse cargo del combate del crimen organizado y el terrorismo", afirmó.
En ese sentido, detalló que la iniciativa contempla la posibilidad de restringir algunas libertades dentro de las zonas donde se decrete esta medida.
"Esas nuevas herramientas no van de lo que uno espera típicamente de los estados de excepción que existen hoy día, sino que van a contemplar restricciones de algunas libertades, como el tránsito para imponer algunos toques de queda o limitar la capacidad de reunión. También, quizás, la interceptación de telecomunicaciones, de manera que en ese polígono se puedan hacer diligencias e investigaciones de manera mucho más ágil, pensando en combatir el crimen organizado y el terrorismo", afirmó.
Arrau abre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en zonas críticas
La referencia a barrios o zonas específicas abrió la pregunta sobre el eventual rol que podrían tener las Fuerzas Armadas en escenarios como, por ejemplo, poblaciones donde existan problemas de narcotráfico y el crimen organizado.
Consultado por la posibilidad de que esta medida implique el ingreso de militares a poblaciones con vehículos o equipamiento de combate, Arrau señaló: "Las Fuerzas Armadas sin duda tienen capacidades más específicas (...) y se podrá pedir la colaboración para esas operaciones en especial, para ciertas funciones específicas, pero sigue bajo la lógica de seguridad pública y son las policías quienes tienen la expertís de la seguridad pública en esta operación de volver a darle la tranquilidad a ese polígono, a esa zona que se podría declarar bajo una grave alteración de la seguridad pública", sostuvo.
Otro de los puntos abordados por Arrau fue la reforma constitucional que impulsa el Gobierno para incorporar la seguridad pública como una prioridad explícita del Estado.
"Desde el punto de vista jurídico, que en el primer artículo de la Constitución quede el mandato de la seguridad pública, es muy fundamental para las otras cosas que se pretenden hacer", sostuvo.
Cambios migratorios: más plazo para retenciones y expulsiones
En materia migratoria, otro de los cambios que impulsa la agenda apunta a modificar los procesos de expulsión de personas en situación irregular y aumentar los plazos de retención administrativa para facilitar su salida del país.
Consultado por las críticas que apuntan a que esta medida podría extender los tiempos para concretar expulsiones, Arrau descartó esa interpretación y aseguró que el objetivo es agilizar los procedimientos.
"No, hay una confusión ahí. (...) Falta también incrementar la capacidad de expulsiones, que es una habilitación legal para agilizar las expulsiones. Hoy día tenemos un stock enorme de personas que están en situación irregular y que expulsarlas de manera efectiva es muy cuesta arriba con los procesos que tenemos", sostuvo.
En ese contexto, Arrau enfatizó que la medida no corresponde a una detención penal. "La diferencia es que aquí no hay una condena judicial, sino que hay una retención administrativa por mientras se cumple la orden de expulsión, si hay revisión legal de un juez de esa medida de retención", señaló.
Finalmente, Arrau destacó que la agenda de seguridad no se limita a cambios legales.
"Hay un trabajo de gestión enorme que nos ha ido dando buenos frutos, buenas cifras en lo que vamos en estos meses, sin ningún exitismo. Nos queda un largo camino por delante, pero además el apoyo a nuestras policías, ese apoyo político, son señas que se dan. Entonces, no solamente son proyectos de ley, sino que también hay mucha gestión detrás", afirmó.
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