El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, lamentó la aprobación del proyecto de cumplimiento alternativo de penas para adultos mayores y personas que padezcan enfermedades terminales.
Este miércoles, con 23 votos a favor, el Senado aprobó en general el proyecto presentado por senadores de Chile Vamos, pese al rechazo del oficialismo.
El ministro Gajardo cuestionó que la iniciativa "pone en grave peligro la seguridad de nuestra sociedad" y aseguró que concedería la libertad de criminales peligrosos y condenados por crímenes de lesa humanidad, homicidio, parricidio, femicidio, violación y abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. "Va a permitir que esas personas conmuten su pena, salgan y se encuentren en prisión en sus domicilios", acusó.
Gajardo cuestiona aprobación de cumplimiento alternativo de penas
El secretario de Estado envió un mensaje directamente al senador Rojo Edwards, a quien le dijo que "el ministerio de Justicia nunca estuvo de acuerdo con este proyecto y siempre estuvo presente en las comisiones de Derechos Humanos".
"El ministerio de Justicia estuvo permanentemente diciendo que era un proyecto que va en contra de los tratados internacionales, de la política de persecución penal y de las víctimas violentadas en los delitos más graves, también es un proyecto deficitario", explicó.
Adicionalmente, el ministro Gajardo argumentó que "este proyecto podría poner en peligro a la sociedad chilena y a pesar de eso se aprobó. No entendemos las razones para aprobar este proyecto. Va en contra de lo que hemos hecho, no sólo en este gobierno, sino que también en gobiernos anteriores. Realmente no tiene ningún sentido haberlo aprobado".
"Este es un mal día para la democracia, para los derechos humanos y la seguridad del país. Las personas que aprobaron este proyecto tienen que dar explicaciones por qué aprobaron esto que pone en riesgo la seguridad de las personas de nuestro país, que va a llevar a victimarios de crímenes tan horrendos a sus casas. Van a permitir la excarcelación de los criminales de lesa humanidad, de los violadores de niños, niñas y adolescentes", reflexionó el titular de Justicia.
De acuerdo a Gajardo, el universo de beneficiados podría llegar a 12 mil personas, lo que representa el 20% de la población penal. "Creemos que eso es impresentable para la democracia de nuestro país. Nosotros como Ejecutivo queríamos que este proyecto se rechazara y lamentablemente se aprobó por un voto", concluyó.
