El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, volvió a referirse a los cuestionamientos sobre la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores y apuntó hacia "un problema de la aplicación de la Constitución".
En primera instancia, reiteró que "en el año 2022 se efectuó una reforma legal que excluye a todos aquellos que se encuentran condenados por delitos sexuales de obtener este tipo de beneficios. Desde esa fecha, no se concede ninguno de esos beneficios".
Sin embargo, afirmó que "existe un principio de orden constitucional, no se puede aplicar de manera retroactiva una ley en perjuicio de un condenado".
"Desde esa perspectiva, hay una jurisprudencia bastante generalizada que ha acogido recursos de amparo respecto de aquellas personas que durante muchos años solicitaron este beneficio y les fue rechazado", agregó Rabat.
En este sentido, defendió que "lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es recoger el principio constitucional y ello ha quedado expresamente recogido en cada una de las resoluciones que se han dictado señalando expresamente la gravedad de estos delitos".
Rabat acusa "un problema de aplicación de la Constitución"
Sobre las críticas de los exministros Jaime Gajardo y Camila Vallejo, Rabat acusó que "durante el gobierno anterior también se dictaron más de 275 resoluciones administrativas en que acogieron estos beneficios", asegurando que "son de la misma materia".
Ante esto, el ministro Rabat planteó que "existe una norma constitucional, es un problema de la aplicación de la Constitución y la ley que fue aquello respecto a la cual un ministerio debe actuar asentado a una jurisprudencia mayoritaria sobre la materia" .
"Así lo establece la ley, es el Ministerio de Justicia, el que luego de analizar los antecedentes de estas comisiones que otorgan estos beneficios quien dicta la resolución administrativa respectiva", zanjó.
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