En una nueva edición de Mesa Central, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, profundizó en las decisiones que ha tomado el Gobierno en materia presupuestaria, poniendo el foco en la reversa de la expropiación de Colonia Dignidad, la paralización de proyectos urbanos y la falta de recursos en la cartera.
Respecto del enclave ubicado en Parral, el secretario de Estado reiteró que no existen condiciones legales ni financieras para avanzar en la expropiación, enfatizando que el ministerio no cuenta con atribuciones para ejecutar iniciativas que no estén directamente vinculadas a su ámbito.
“Podemos expropiar siempre que sean actividades del Ministerio de Vivienda, para lo que no tenemos facultades, además no tenemos la plata, ya que solo la parte urbana son 47 mil millones de pesos”, afirmó.
Todo lo anterior, advirtiendo además que avanzar en esa línea podría generar observaciones por parte de la Contraloría.
En la misma línea, sostuvo que el proyecto quedó fuera de las prioridades de la cartera, agregando que ni siquiera han sostenido conversaciones con los actuales residentes del lugar. “Es un tema que está fuera de nuestras atribuciones (…) y no tengo los recursos, lo que es lo más grave que tenemos en el ministerio”, insistió.
Durante la entrevista, Poduje vinculó esta decisión a un proceso más amplio de ajuste presupuestario, asegurando que junto a otros proyectos —como la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas y la situación en la megatoma de San Antonio—, se busca generar un ahorro significativo.
“Todos estos proyectos más una ciclovía son muy caros y reunimos casi 100 mil millones de ahorros”, señaló, en referencia a iniciativas que calificó como excesivamente costosas.
Uno de los puntos más críticos fue su evaluación del proyecto de ciclovía del eje Alameda-Providencia, impulsado por el gobernador metropolitano Claudio Orrego, el que cuestionó tanto por su costo como por su impacto.
“Esta ciclovía cuesta 8 mil millones, debe ser la más cara de la historia, y nosotros con esos recursos podemos hacer mejores cosas en Maipú y en otras comunas”, afirmó, agregando que solo un 3% de la población utiliza este medio de transporte en ese tramo específico.
El ministro también apuntó a lo que, a su juicio, sería un componente simbólico del proyecto. “Es una obra en la que hay cierta apropiación del gobernador, como parte de su legado, pero primero están las prioridades”, sostuvo.
Respuesta de Poduje a críticas ambientales
Consultado por cuestionamientos desde organizaciones medioambientales, Poduje desestimó las críticas y apuntó directamente a quienes -según dijo- han frenado proyectos mediante exigencias técnicas.
“Hay gente que vive de paralizar proyectos (…) expertos en ranitas de Darwin, en arañas, que han detenido hospitales, Cesfam y viviendas”, afirmó, en una declaración que tensiona aún más el escenario.
En ese contexto, insistió en que el foco del ministerio está en resolver el déficit habitacional y cumplir con los recortes exigidos por Hacienda, descartando ajustes en programas sociales. “No podemos hacer nada con los planes habitacionales, tenemos un déficit de miles de viviendas, pero eso no lo vamos a cortar”, aseguró.
Otro de los ejes abordados fue la situación en la megatoma de San Antonio, donde el ministro cuestionó el proceso llevado adelante por la administración anterior.
“Se pagaron 11 mil millones por un terreno que fue tomado a la fuerza, con recursos que salieron de regiones donde había familias esperando vivienda”, afirmó, marcando distancia con esa decisión.
En ese sentido, aseguró que su enfoque -en una administración liderada por Kast y sus ministros- habría sido distinto.
“Nosotros no hubiésemos expropiado la toma, hubiéramos hecho un desalojo completo”, planteó.
Conflicto en El Olivar
Finalmente, Poduje se refirió al episodio ocurrido en el sector de El Olivar, en Viña del Mar, donde protagonizó un tenso intercambio con vecinas afectadas por el megaincendio de 2024.
El ministro explicó que la situación se originó debido a fallas estructurales en viviendas construidas durante la administración anterior, las que —según indicó— presentan riesgo sísmico.
“Se estaban construyendo casas de dos pisos con materiales para casas de un piso, era ilegal (…) se tienen que demoler porque están en riesgo”, afirmó, asegurando que se iniciaron acciones legales contra la empresa responsable.
Asimismo, defendió la decisión de retirar a las familias de esas viviendas. “Tenemos que sacar a 100 familias en zonas de riesgo (…) no puedo entregar una vivienda fallida”, señaló, agregando que se buscará garantizar soluciones habitacionales seguras.
En su balance general, el ministro finalizó diciendo que las medidas adoptadas responden a un criterio de priorización ante un escenario de estrechez fiscal, recalcando que “la empatía se demuestra en terreno”, en referencia a su despliegue en zonas afectadas por emergencias y déficit habitacional.
