Una denuncia por presunto delito informático anunciaron los diputados de la Oposición que integran la Comisión Investigadora del Caso Caval.

Según detalló el diputado RN Diego Paulsen, la acción se ingresará el próximo martes en la fiscalía, para que "se investigue un posible delito informático, establecido en el artículo 1 de la ley 19.223, al que maliciosamente obstruyera o destruyera cualquier sistema informativo del funcionario público". 

La denuncia apunta contra quienes resulten responsables de un delito que tiene penas de presidio menor en su grado medio y máximo. "Experamos que la justicia haga la pega", dice el diputado.

"Nosotros no vamos a permitir que se cometan delitos y que queden impunes", enfatiza.

Junto con anunciar la acción judicial, el diputado cuestionó la actitud del ex director sociocultral frente a la comisión investigadora de la Cámara.

"Nosotros queríamos que el señor Dávalos viniera a dar la cara, cara que no ha dado hace más de seis meses. El después de que renunció no ha dado explicación alguna de su actuar, y hoy día lamentablemente gente inofensiva del área informática está pagando los costos políticos del hijo de la Presidenta de la República", dijo. 

Citarán a director administrativo de la Presidencia. 

Los diputados anunciaron esta tarde que citarán a la comisión investigadora a Cristián Riquelme, director administrativo de la Presidencia. 

Esto luego que el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, aseverara que fue este funcionario quien le entregó la información respecto de que los datos se habían borrado de acuerdo a un "protocolo".

"Con mucha franqueza, recibí información incompleta. Lamento que eso haya ocurrido", fue una de las frases de la autocrítica vocería.

Si bien los parlamentarios valoraron la capacidad del ministro de reconocer errores, acusaron desprolijidad en la información entregada por el gobierno en sus vocerías. 
 
"Valoro la sinceridad del ministro vocero. En política necesitamos que se rectifiquen los errores más seguido, pero lamento profundamente las consecuencias que estro trae a la credibilidad del gobierno”, dijo la diputada Marcela Sabat.

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