Ni en octubre, ni en diciembre del 2024, las filtraciones de las carpetas investigativas de las causas judiciales eran tema. Tampoco lo eran en enero de este año, pero hoy acaparan la discusión entre el Ejecutivo, el Parlamento y el Ministerio Público, luego que se conocieran los chats entre la expresidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC) y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.
Previo a la discusión actual, en el Ministerio Público ya se instalaba la preocupación sobre el manejo de la información de las investigaciones. Las primeras alertas vinieron del caso Hermosilla, cuando a los intervinientes del caso se les compartieron chats entre Luis Hermosilla que hacían alusión a su vida privada.
Luego vino el caso Monsalve -en que se indaga a Manuel Monsalve por el delito de violación- donde también se abrió una indagatoria por filtraciones. Así, ya en octubre del año pasado solo al interior del ente persecutor existía una alta preocupación sobre el tema.
Por lo mismo, el 16 de octubre del 2024, el fiscal nacional, Ángel Valencia, envió los fiscales regionales una “instrucción General que imparte criterios de actuación en investigaciones penales complejas para el otorgamiento de copias, solicitud de diligencias y registro de información personal de interés investigativo”.
Allí se fijaron una serie de reglas internas para que los fiscales entregaran, bajo nuevos estándares de seguridad, las copias investigativas de los expedientes a los abogados que eran parte en las causas.
Por ejemplo, se les pidió a los fiscales que “el secreto de la investigación será levantado parcialmente solo para los intervinientes en el caso, quienes no podrán divulgar estos antecedentes a terceres ajenos al procedimiento, por lo que sigue rigiendo la norma del artículo 182 del Código Procesal Penal”.
Además se les instruyó que “las solicitudes de copias (numerado por interviniente, con numeración no correlativa) deberán enviarse a un correo electrónico institucional habilitado para tales efectos”.
Los oficios a Justicia
Sin embargo, el 3 de diciembre, Valencia tomó contacto con el ahora ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y le remitió un oficio sobre “medidas adoptadas por este Fiscal Nacional para asegurar el resguardo de la información en el ámbito de las investigaciones penales y evitar el acceso indebido a los sistemas informáticos del Ministerio Público”.
De esta manera, el máximo representante del Ministerio Público le daba cuenta al gobierno sobre lo que estaban realizando ante las fiscalizaciones y sobre la necesidad de contar con una nueva legislación al respecto.
“Es necesario relevar que si se analiza con rigor y seriedad el problema de las filtraciones en los procesos penales y, en especial, si se hace mirando el derecho comparado, se advertirá que existe en nuestro ordenamiento jurídico una debilidad normativa importante que impide -o al menos dificulta- una correcta reserva de los antecedentes de la investigación, lo que conlleva un problema en el adecuado control de las filtraciones”, expuso Valencia a Gajardo.
El 31 de enero de 2025 volvería a oficial a Gajardo, pero esta vez con propuestas más concretas, incluso con una idea de modificación legal en algunos artículos del Código Procesal Penal.
“Las herramientas normativas disponibles actualmente son insuficientes para prevenir las filtraciones y también para sancionar a los responsables una vez que son identificados”, partió exponiendo en el documento.
Valencia, por ejemplo, propuso un cambio sobre el rol de los querellantes en las causas, señalando que era necesario contar con una modificación legislativa que dijera que “podrá querellarse cualquier persona capaz de parecer en juicio que acredite un interés legítimo y directo en la causa”. Actualmente, cualquier persona puede presentar una querella en un caso.
En esa misma línea, mencionó la necesidad que fiscales y policías puedan “restringir la entrega de antecedentes cuando esta implique un peligro grave para la seguridad pública para la integridad o intimidad de los intervinientes o de terceros, o para el desarrollo de la investigación en curso u otra diversa”.
