Como todos los días lunes, a las 20 horas, el diputado comunista Hugo Gutiérrez realizó un capítulo más de su programa Barba Rojo, en Facebook. Esta vez, el obejtivo principal del espacio era sólo uno: contar su verdad de lo ocurrido a las 18.45 horas del día sábado cuando se negó a un control de funcionarios de la Armada, que realizaban un patrullaje por la zona costera de Iquique, que en ese momento se encontraba con cuarentena. “Soy más autoridad que usted” y “soy yo quien debo fiscalizarlos a ustedes”, fueron algunas de las frases del legislador que se pudieron observar en el video grabado por los propios marinos, que rápidamente se difundió por redes sociales.

“Me intimidé por la forma en que venían estos 4 o 5 o 6 tipos armados. El procedimiento fue abusivo”, insistió el parlamentario en su programa, a pesar de que nada de eso pudo evidenciarse en el video que se viralizó el día domingo. Fuentes de la Armada, sin embargo, aseguran que el procedimiento comenzó con “los gestos obscenos que hicieron algunas de las personas que se encontraban sentados atrás del auto del diputado”. 

Tanto desde la institución como del Ministerio de Defensa subrayan que no hubo ninguna provocación de los uniformados. Algo que probaría la Armada en dos videos –uno que se filtró y otro que es más largo, porque incluye la parte del inicio del procedimiento-, el cual fue enviado a la Fiscalía ayer, para ser periciado, de modo de “comprobar que nadie borró, editó o cortó el video”, lo que echaría por tierra la versión del parlamentario, que en su programa insistió, además en la supuesta "ilegalidad” en la que incurrieron los marinos, al intentar acceder a los permisos de los integrantes de su familia. 

Desde el gobierno, sin embargo, subrayan que diferencia de él, que sí tiene permiso para movilizarse por su condición de parlamentario, el procedimiento con sus familiares es el que se debe hacerse a cualquier ciudadano. “Es lo que en estricto rigor debieran haber hecho los marinos, pedir CI y sus permisos para estar en la calle”, dicen en Palacio. 

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La interna en el TC

Mientras el episodio del fin de semana sigue siendo un importante tópico en redes sociales, y se investiga una presunta violación de cuarentena -al menos de sus familiares, que habrían puesto en riesgo la salud pública- y el eventual abuso del parlamentario contra los funcionarios de la Armada, el diputado enfrenta otro test: la decisión del TC de inhabilitarlo o no de sus funciones, producto de un requerimiento presentado por un grupo de parlamentarios oficialistas, en enero pasado, que lo responsabilizan de incitar, de palabra y por escrito, a la alteración del orden público.

Entre otras cosas, en el escrito se enumenan una amenaza en público a un mayor de Carabineros; participar en la quema subversiva de un cuartel militar en Iquique; y emitir opiniones o suscrito las de terceros, a través de la red social Twitter.

Se trata de una extensa investigación, en donde declararon por oficio varios ministros, entre ellos el ex titular de Interior Gonzalo Blumel, y el de Justicia, Hernán Larrain; el alcalde de Iquique, Mauricio Soria; el senador PPD por Tarapacá, Jorge Soria; los senadores UDI Jacqueline Van Rysselberghe y Juan Antonio Coloma; y la diputada RN Catalina del Real.

Con todo, fuentes conocedoras de la causa aseguran que “los hechos son muy difíciles de probar”. En el seno del TC se ha instalado la idea de que se trata de un requerimiento muy pobre en sus fundamentos jurídicos, sobre todo al inicio de la tramitación, lo que terminó con un cambio de abogado, lo que afectaría el intento de los parlamentarios oficialistas por inhabilitarlo de sus funciones. 

La prueba crucial que nunca llegó  

Un dato curioso en la investigación en contra del diputado PC es que en el requerimiento no se incluyeron los dibujos de niños en donde Hugo Gutiérrez aparece matando al presidente Piñera en una actividad realizada por el partido, algo que según fuentes conocedoras de temas constitucionales, habría sido “la mejor prueba” para amarrar el tema de la incitación a la violencia y la alteración al orden público con el parlamentario.

¿Por qué no se incluyó en la causa? Es una pregunta que nadie puede responder con exactitud, pero que según ponderan fuentes al interior del TC es la mejor demostración de la debilidad del escrito y de la responsabilidad que tendrían los parlamentarios requirientes en el eventual fracaso de la presentación.

La semana pasada se cerró la investigación del TC y este viernes se realizarán los alegatos finales, en una sesión extraordinaria, donde se definirá la suerte del legislador. El 31 de julio pasado, el diputado PC fue citado a prestar declaración con el objeto de contestar varias interrogantes, pero él no compareció, en línea con su decisión de no reconocerle competencia a la entidad.

Con todo, fuentes en el Ejecutivo auguran que este viernes podría ser el mejor momento de la semana para Gutiérrez, porque las escasas posibilidades que existen de que prospere el requerimiento serán el escenario perfecto para que el diputado "se victimice" y al menos momentáneamente pase a segundo plano su polémico incidente con la Armada. 

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