El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento presentado por senadores de oposición para impugnar el proyecto de ley que regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.
La decisión se adoptó durante la sesión ordinaria del pleno de este jueves, instancia en la que los ministros revisaron tanto la admisión a trámite como la admisibilidad de la presentación. El fundamento central fue que los parlamentarios acudieron al organismo una vez vencido el plazo constitucional para ejercer esta acción.
En su resolución, el TC sostuvo que el requerimiento se presentó “fuera de la oportunidad que la Constitución y la ley fijan como límite infranqueable para el ejercicio de esta competencia”.
El tribunal agregó que solo puede pronunciarse sobre una impugnación de este tipo cuando se presenta dentro del período que establece la Carta Fundamental. Aceptar una solicitud posterior supondría ejercer una atribución que la Constitución no le entrega.
El decreto promulgatorio ingresó antes del requerimiento
Uno de los antecedentes que pesó en la decisión fue la tramitación del decreto que promulga la iniciativa. El viernes 9 de octubre, antes de que los senadores de oposición presentaran su requerimiento ante el TC, el Ejecutivo ya había ingresado ese documento a la Contraloría General de la República.
Posteriormente, el martes 13 de octubre, la contralora Dorothy Pérez tomó razón del decreto promulgatorio. Con ese trámite cumplido, el paso pendiente para que la normativa entre en vigencia es su publicación en el Diario Oficial.
Los cuestionamientos de los senadores al uso de la fuerza
El requerimiento fue impulsado por parlamentarios que cuestionaban el alcance de algunas disposiciones del proyecto, particularmente aquellas relacionadas con el uso de armamento letal ante ataques a infraestructura crítica o recintos militares.
Entre quienes habían manifestado reparos a la redacción de la norma se encuentran Fabiola Campillai, Karol Cariola, Claudia Pascual, Yasna Provoste, Juan Luis Castro y Alfonso De Urresti.
Los cuestionamientos apuntaban a que la disposición permitiría recurrir a este tipo de armamento bajo determinadas circunstancias sin exigir expresamente la existencia de una amenaza concreta, grave e inminente contra la vida o la integridad física de las personas.
En particular, los senadores objetaban la inclusión de la frase “o comprometer la seguridad militar o nacional, según corresponda”, al considerar que su alcance podía permitir el uso de fuerza letal en situaciones que no necesariamente implicaran una amenaza directa contra personas.
También te podría interesar:
