“Lo que está ocurriendo hoy, en simple para que la gente lo entienda, es que el cerro se está deshaciendo, la montaña se está deshaciendo y se va a seguir deshaciendo porque tenemos quemado el cerro. Entonces lo único que podemos hacer por ahora es contención. Todo eso está siendo conversado con la DOH (Dirección de Obras Hidráulicas). Nosotros estamos metiendo presión, quiero ser súper honesta, porque no aguanta la comuna más aluviones como esto, porque son aluviones, y ese es el problema que ocurre. Como bajan piedras, se tapan los conductos”.
Era el jueves 8 de octubre pasado y –casi como una premonición–, la alcaldesa Catalina San Martín respondía así a una consulta en el concejo de municipal en medio de la presentación que realizaba la Dirección de Infraestructura y Servicios sobre cómo se estaba preparando Las Condes por las fuertes lluvias que estaban afectando a la Región Metropolitana.
Unos minutos después, tuvo que dejar la sesión número 1266 para acudir al llamado de una nueva emergencia climática. Un fenómeno súbito –calificado así por Senapred– generó una acumulación alta de agua en la precordillera, generando uno de los aluviones más graves que recuerde la zona de San Carlos de Apoquindo: más de 2 mil viviendas afectadas y daños avaluados en US$170 millones.
Pero esta tragedia comenzó a fraguarse nueve meses antes. Como advirtió la jefa comunal, el incendio forestal que afectó a la precordillera –en enero pasado– provocó que la vegetación, que funcionaba como barrera natural, desapareciera por completo.
Para esa misma fecha, la municipalidad había llamado a una licitación pública con el objetivo de limpiar tres zonas de quebradas. Sin embargo, el 6 de febrero, el director de Infraestructura Juan Ignacio Jaramillo determinó revocarla, a pesar de que tres empresas ya habían realizado una visita técnica de los espacios a trabajar.
¿La razón? Diversas.
En el documento que daba término al proceso, Jaramillo indicó como justificación una necesidad pública. “Se hace indispensable ajustar, complementar y precisar los requerimientos técnicos originalmente definidos”, se lee en el escrito municipal al que tuvo acceso Reportajes Teletrece.
Desde el municipio, sin embargo, aclararon que la postergación se debió precisamente por el gran incendio que afectó a San Carlos de Apoquindo. Por ello se determinó analizar de mejor manera la intervención en las quebradas, además de generar operativos de limpiezas en paralelo con el MOP, las cuales terminaron el 15 de abril.
Pero el análisis demoró varios meses. Recién, apareció un nuevo llamado de licitación el 22 de julio pasado cuando se aprobaron las bases del futuro contrato.
Luego, un mes después –el 24 de agosto– se recibieron las ofertas económicas de las empresas.
El 15 de septiembre, la comisión evaluadora envió la propuesta de adjudicación con el análisis de la mejor compañía. Se trataba de Constructora y Minera Río Grande, cuya propuesta fue la más económica: $279.522.313 para la limpieza de las quebradas y un adicional de $75.000.000 para el eventual arriendo de máquinas si es que aparecía alguna emergencia en Las Condes.
Con toda esta información, el director de Infraestructura Juan Ignacio Jaramillo llegó al concejo municipal del 8 de octubre en el que tras una breve exposición de las zonas a intervenir (quebradas Apoquindo, Honda y San Francisco de Asís), buscaba los votos de los concejales.
Tras la aprobación del contrato, Jaramillo tuvo que dejar la sesión y partir raudamente al sector de Álvaro del Portillo. La información que había llegado de los equipos de emergencia apuntaba a un desborde de la Quebrada Honda.
Ese episodio se convertiría en el peor escenario posible: un grave aluvión que dejó miles de casas afectadas, millonarias pérdidas y seis heridos.
Las alertas no mencionadas en los concejos de Las Condes
Reportajes Teletrece pudo corroborar que estas dos licitaciones están en la mira de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que investiga y analiza diversos documentos que están relacionados con posibles alertas que advirtieron el deslizamiento de tierra en la precordillera de Las Condes.
De acuerdo con información de este medio, el fiscal Manuel Zará–a cargo de la investigación– podría instruir diligencias para conocer por qué el primer contrato se revocó y obtener respuesta del largo proceso de la segunda licitación que recién se adjudicó el 23 de octubre pasado. Casi un año después.
“Nos hacen ver que si hay autoridades responsables, que ya tenían conocimiento de que esto podía pasar y eso es muy importante para guiar la investigación”, comentó el fiscal Manuel Zará en una entrevista exclusiva con Reportajes Teletrece Sábado.
En esa misma línea, explicó que “la pregunta es si realmente estaban en condiciones de hacer algo. Esa es la pregunta que tenemos que responder. Ahí se discurre todo lo que vamos hacer en la investigación, si en realidad a pesar de que sabían era posible realmente ejecutar alguna obra que hubiese mitigado el aluvión y hubiese evitado que estas personas salieron lesionadas”.
Así, tras el impresionante episodio del jueves 8 de octubre pasado, comenzaron a circular una serie de documentos que habrían advertido a las autoridades sobre un aluvión en esa zona. En especial, tras el incendio forestal de enero pasado, a los pies del estadio Claro Arena y otros terrenos de la Universidad Católica.
En febrero, unas semanas después del siniestro, Sernageomin emitió un informe técnico en el que identificó un flujo de detritos –descomposición de una masa sólida– ocurrido en las quebradas Honda, Grande, Los Almendros y Apoquindo.
Luego, en mayo, la misma casa de estudio indicó que había un “riesgo inminente” de remoción de masas, cuando presentó una querella por el incendio.
Esto activó a las autoridades comunales, pues –según reveló Reportajes Teletrece– el municipio presentó en un Cogrid Comunal el 24 de junio un documento interno sobre el “aumento de riesgo aluvional”, debido a la pérdida de vegetación que provocaron los incendios forestales en la zona cordillerana de San Carlos de Apoquindo.
“Después de un incendio el principal riesgo no es el fuego, es el agua” se lee en el dossier, que presentó un proyecto para instalar mallas mitigadoras de rocas y sedimentos con una inversión de $754 millones.
El análisis interno proponía acelerar la instalación de obras. Por ello, el 7 de agosto pasado, la alcaldesa Catalina San Martín firmó un convenio con el CDUC para concretar esta iniciativa.
“Con el fenómeno de El Niño proyectando precipitaciones hasta el verano, no podemos esperar”, señaló la jefa comunal, en un comunicado de la Municipalidad.
¿Si había prisa, porque la demora en licitar la limpieza de quebradas en zonas que los organismos técnicos ya advertían posibles desastres naturales?
Las Condes responde:
“Debido al incendio de diciembre de 2025 en San Carlos de Apoquindo, que destruyó mil hectáreas de vegetación, y al aluvión del 31 de enero, que desplazó 4 mil metros cúbicos de material, las condiciones de las cuencas y subcuencas, así como la composición del terreno, sufrieron alteraciones importantes. Por ello, los requerimientos técnicos de la licitación revocada en febrero quedaron obsoletos y fue necesario levantar información en terreno y elaborar nuevas bases técnicas, acordes con las nuevas condiciones de las quebradas, para diseñar otra licitación”.
Desde el municipio explicaron que este contrato “no sufrió retrasos”. Se pensó a largo plazo, a pesar de que han trabajado durante “todo el año” para mantener despejadas las quebradas, "sin esperar la adjudicación de la nueva licitación”.
Así, sostienen desde el edificio de Apoquindo 3400, que Catalina San Martín “ha asumido tareas como limpieza de quebradas urbanas por su preocupación por la seguridad de los vecinos que podrían verse afectados tanto por aluviones como desbordamientos de las cuencas”.
Otro problema: empresa que limpiará quebradas enfrenta denuncias por sobreprecios y Lo Barnechea presentó querella falsificación
El mismo concejo del 8 de octubre pasado, horas antes de que se generara el aluvión, dejó otra información que no pasó inadvertida por los asistentes.
Cuando se solicitó los votos de los concejales para adjudicar a la empresa Minera y Constructora Río Grande, hubo sólo una abstención: Nayati Mahmoud, del Frente Amplio.
–"Alcaldesa, yo me voy a abstener solo por el hecho de que no quiero que quedemos más… si es que llegase a pasar algo. Dios quiera que no, no quiero más prensa"– dijo.
Una preocupación que fue respondida de forma inmediata por la alcaldesa San Martín:
–”Y le digo algo concejal. Yo estoy súper tranquila con lo que estamos haciendo, para que sepa también. Si salimos en la prensa por cuestiones que son lamentables, no tengo ningún problema en dar la cara porque aquí estamos haciendo las cosas como corresponden. Así que no lo digo puntualmente por esto, lo digo por las cosas que están saliendo, pero tengo la tranquilidad de que las cosa las estamos haciendo bien y podemos dar la cara siempre”.
Con todo, mientras transcurrían estos diálogos, nadie entendía bien qué es lo que estaba advirtiendo la concejal del Frente Amplio. La autoridad no quiso entrar en más detalles, a pesar de que el director Juan Ignacio Jaramillo le había respondido en forma escueta que había revisado su “temor” sobre la contratación de Minera y Construcción Río Grande.
“Mientras el proveedor no esté inhabilitado en el Mercado Público –porque estas son investigaciones que no están zanjadas–la empresa está vigente y tiene factibilidad para ofertar y ser adjudicada. No necesariamente un inconveniente en una licitación con alguna institución pública implica un mal desempeño”, zanjó en medio del concejo el director de Infraestructura de Las Condes.
¿Qué estaba pasando con Minera y Constructora Río Grande?
Tal como dijo la concejala Mahmoud, esta empresa había aparecido en medios de comunicación. Y no precisamente por hechos positivos. Consultatada por Reportajes Teletrece sostuvo que su intención era dar una "alerta" en el concejo para "no tener problemas en la ejecución del contrato".
El 22 de enero de 2026, Contraloría dio a conocer la investigación especial que recayó en la Delegación Presidencial de Valparaíso frente a la adquisiciones de bienes y servicios efectuadas para atender la emergencia originada por los incendios de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, que dejó más de 130 fallecidos.
La auditoría detectó que Minera y Constructora Río Grande firmó un trato directo con el organismo público por un monto de $573.104.000 para el arriendo de maquinaria pesada que tenían la misión del retiro de escombros
La pesquisa de Contraloría descubrió pagos por $125 millones a dicha compañía por 49 turnos de 14 camiones tolva que no se ejecutaron en un período de ocho días. En los documentos analizados por los auditores aparece explícitamente como "no trabajados”.
Contraloría, además, denunció presuntos sobreprecios: al comparar las tarifas cobradas por Río Grande –$5.117.000 diarios por camión tolva– con los contratados por la municipalidad de Quilpué, se determinó un “eventual sobreprecio de $453.264.000, equivalente a una diferencia de hasta un 378,22% superior”.
Todos estos antecedentes fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía de Valparaíso.
Esta empresa no sólo tiene esta complicación. Si bien mantiene un alto flujo de relaciones con entidades públicas por varios años, Constructora Río Grande también entró en controversia con la Municipalidad de Lo Barnechea en agosto de 2025.
El municipio presentó una querella, contra los que resulten responsables, por un contrato de demolición que adjudicó a dicha compañía por más de $500 millones.
Las pesquisas internas habrían detectado que los certificados para solicitar los estado de pago se habrían falsificado.
Empresa no comparte auditoría de Contraloría y mantiene litigio con Lo Barnechea
Desde Lo Barnechea indicaron a Reportajes Teletrece que la acción judicial busca aclarar una serie de delitos asociadas a una presunta estafa.
Así, comentaron que el Ministerio Público instruyó diligencias el 4 de junio pasado y una orden de investigar a la BRIDEC de la PDI.
Este medio envió preguntas a Constructora y Minera Río Grande, quienes respecto a los cuestionamientos de Contraloría señalaron, en primer lugar, que la "orden de compra se emitió más de un año después de ejecutados los trabajos, por lo que nuestra empresa recién pudo facturar y cobrar con más de un año de atraso, sin intereses ni reajustes, habiendo asumido durante todo ese período los costos operacionales con recursos propios".
"Discrepamos de la interpretación efectuada respecto del servicio contratado, ya que lo pactado fue la disponibilidad de la flota completa durante ocho días, y no una remuneración por cada viaje realizado. La asignación de rutas y la utilización efectiva de los camiones correspondían a la autoridad encargada de coordinar la emergencia", respondieron a Reportajes Teletrece. Frente a la denuncia en Lo Barnechea, la constructora fue enfática y rechazaron "categóricamente" cualquier participación. "Mantenemos una controversia contractual con la municipalidad relacionada con pagos pendientes por servicios prestados, materia que actualmente se encuentra en sede judicial". Por su parte, Las Condes sostuvo que “los antecedentes mencionados eran conocidos por la Municipalidad y fueron planteados en la sesión del concejo municipal del 8 de octubre”.
Pero advirtieron a Reportajes Teletrece que la Ley 19.886 establece de manera taxativa las causales que impiden a una empresa contratar con el Estado como condenadas por determinados delitos y las sanciones firmes.
“La empresa no está inhabilitada en el portal de compras públicas ni tenemos registro de alguna condena”, comentaron desde el municipio.
Agregaron que Las Condes mantiene un constante resguardo de sus recursos.
“Si las investigaciones en curso concluyeran en una sanción que inhabilite a la empresa para contratar con el Estado, la Municipalidad ejercerá todas las facultades que le otorgan la ley y el contrato”, finalizaron.
