Al menos tres comunicaciones con la Dirección General Consular, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, tuvo el excónsul de Chile en Haití, Rafael Du Monceau, antes que la administración anterior determinara cerrar la sede diplomática por una supuesta red de corrupción en Puerto Príncipe.
De acuerdo a información que obtuvo Reportajes Teletrece, el abogado realizó varios intercambios de correos electrónicos con sus superiores en los que daba cuenta de diversas irregularidades enfocadas en los trámites consulares que debían cumplir los ciudadanos haitianos para arribar a Chile. Entre ellos, los papeles vinculados al programa de Reunificación Familiar que fueron cuestionados hace pocas semanas con un duro informe de Contraloría sobre el rol que cumplió el Servicio de Migraciones entre 2024 y 2025.
Estos antecedentes no fueron parte de la denuncia que hizo la Cancillería a la Fiscalía Centro Norte, donde investigan al diplomático por un presunto delito de cohecho, de acuerdo a un oficio firmado en octubre de 2025 por la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.
El primer correo habría ocurrido en marzo de 2025 cuando el entonces cónsul Rafael Du Monceau alertó un posible riesgo de tráfico de niños. Esa misma comunicación fue enviada a las autoridades de Migraciones con el propósito de instaurar un seguimiento conjunto de lo que estaba ocurriendo.
Así, el 25 de marzo a las 16.06 comenzó con las advertencias: “Remito información de la lista de Niños, Niñas y Adolescentes autorizados para entrar a Chile por el IBESR para las fechas 25,28, 29 y 30 de marzo. Esto con el fin de evitar que los menores sean víctimas de trata”.
El email iba dirigido a cinco funcionarios, entre los que resaltaba Eduardo Pool Rubio, quien en ese entonces era el primer secretario de la Dirección General Consular, con quien inició un intercambio de información que duró unas horas.
–“¿De qué se trata esto?, respondió Pool.
–”Se trata de una iniciativa por parte de IBESR. Considerando que hay menores de edad que viajan de manera ilegal a Chile, IBESR propuso enviar un listado de los menos autorizados para viajar”, agregó el entonces Cónsul, explicando lo que sugería la entidad gubernamental encargada de la niñez en Haití.
–”¿Y con esa información qué deben hacer las personas que copias en el correo?, preguntó el alto funcionario, que incluyó a la cadena al embajador de ese momento en Haití Manuel Rioseco, a la directora de Política Consular, Marta Vargas y la directora general de Asuntos Consulares, Marta Elena Bonet.
La respuesta llegó cerca de las 20 horas de ese mismo martes 25 de marzo de 2025:
–“Nuevamente pongo en contexto a los destinatarios de este correo electrónico.
Hace algunos días conforme a un artículo periodístico del diario haitiano "Le Nouvelliste" y también según conversado con DEVADI, se ha tomado conocimiento de que hay muchos menores que llegan a Chile con autorizaciones de salida falsas. Por lo anterior, con el fin de comunicar la lista de menores que saldrían de Haití con destino a Chile que presentan autorización válidamente emitida por IBESR, la Directora General de dicho organismos propuso compartir un listado periódicamente a fin de informarlo, y que de esa manera sea más fácil reconocer la autenticidad de la documentación presentada por estos menores”.
Los antecedentes que entregó el cónsul Du Monceau llamó la atención de la Cancillería. Eduardo Pool respondió el correo con varios preguntas:
–”Consulta, estos NNA vienen por turismo (visa nuestra) o a residencia (visa SERMIG), en dicho sentido, este listado fue verificado por nuestro CG, corresponde?
¿Viajan no acompañados, se deberá alertar al Servicio de Protección Especializado en NNA?”
En el email siguiente, el diplomático entregó detalles de las irregularidades que el informe de Contraloría daría cuenta un año después.
–”Por lo que entiendo son niños que vienen por visa de reunificación familiar. Por lo general viene un adulto por un grupo de niños. Cuando se les pregunta con quién se quedan los niños responden que con sus padres. Pero hay veces que no se logra ubicar a los padres o estos no están en Chile.
Yo recomendaría alertar al Servicio de Protección Especializado por lo anterior”.
Embajador Rioseco recomendó reportar a Interior para “prevenir posibilidades de ilícitos”
Tres días después, el 28 de marzo de 2025, el jefe de gabinete de la Dirección Consular planteó informar a la repartición que lideraba Luis Thayer.
–”Querido Embajador, atendido esto que informa el Cónsul, quizás no estaría demás informar a SERMIG. Entendiendo que se trata de listado de Estado haitiano”.
–”Estimado Jefe de Gabinete de la DIGECONSU: Coincido totalmente con usted! He enviado desde la Embajada un mensaje oficial a su Dirección General, con una explicación de contexto mayor. En él se solicita informar a las autoridades correspondientes y se da una señal de precaución ante posibilidades de ilícitos que podrían producirse con este tipo de movimientos”, respondió el jefe de la misión en Haití.
Reportajes Teletrece consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores, por qué estos antecedentes no fueron parte de una denuncia previa, lo que no fue aclarado dado que existe un sumario en desarrollo.
Tampoco fue posible tener una versión del excónsul, quien se encuentra en calidad de imputado en la investigación que lidera la Fiscalía Centro Norte, cuyas primeras diligencias fueron reveladas por este medio al mostrar en exclusiva el traslado de la PDI a la sede chilena en Puerto Príncipe. En el entorno del abogado Rafael Du Monceau indicaron que dado la investigación interna no puede entregar una versión oficial de lo que ocurrió en su paso por Haití hasta que la Dirección Consular se lo permita. Pero transmitieron que no tiene ninguna relación con los hechos denunciados.
Las otras notas diplomáticas desde Haití: “Los documentos son manifiestamente falsos”
Cuatro meses después, ocurrió un nuevo intercambio de correos entre el cónsul chileno y sus superiores. El 8 de julio de 2025, Du Monceau escribió a Santiago para solicitar apoyo jurídico sobre la legalización de documentos referidos a la reunificación familiar.
El diplomático advertía una situación sobre validar o no un papel referente a un padre haitiano que pedía autorizar que “un tercero (haitiano) residente en Chile” tenga el cuidado del menor en Santiago. A su juicio–expuso, esa decisión correspondía a los tribunales de familia y no podían quedar sujetos a una legalización notarial.
–”Rafael: Para que dicha situación tenga valor en Chile debe someterse al trámite del exequátur”, respondió Sergio Solís, coordinador de Asesoría Consular.
–”Un exequátur para una escritura de una notaría? Pensaba que ese trámite era solo para sentencias judiciales…
En este momento todavía tengo este documento en mi poder. Y probablemente van a haber más documentos que se refieran al mismo tema. Qué pasa con esos documentos en el Ministerio, siguen su curso? Solicito orientación”, replicó el cónsul, dando cuenta de los diversos temas irregulares que ya estaban ocurriendo en Puerto Príncipe con el Programa de Reunificación Familiar.
Una controversia que se reactivó meses después con nuevos requerimientos desde la Cancillería, lo que quedó registrado en tres notas diplomáticas de septiembre de 2025.
En esos cables, desde la Dirección Consular, le preguntaron a Du Monceau por diversos documentos de menores haitianos que llegaron a Chile y que habrían sido tramitados por el cónsul en Puerto Príncipe.
Por ejemplo, el 4 de ese mes se le pidió informar sobre un certificado policial y esta fue la respuesta del diplomático: “Se constata que el documento es falso debido a las siguientes razones. El documento no es a color y el arancel consular para la legalización de un certificado de policía es de USD12, en cambio, el arancel que aparece en el documento es de USD7”.
Doce días después, las dudas crecían en Santiago. Aparentemente, la revisión de otros papeles legalizados en Haití no calzaban en el edificio José Miguel Carrera. El día 16 de septiembre, solicitaron aclarar “problemas en cuatro documentos haitianos".
La revisión del excónsul prendió las alarmas y pidió derivarlo a la Fiscalía: “Los documentos legalizados de Z.A.D. son manifiestamente falsos (...) Se recomienda a US. realizar las gestiones pertinentes para denunciar la falsificación de documentos mencionados”.
El 24 de septiembre hubo una última comunicación, cuyos intercambios aumentaron la tensión entre el cónsul y sus superiores. Desde calle Teatinos le pidieron informar sobre documentos legalizados en Puerto Príncipe “sin validez en Chile”. Es decir, aparecían los problemas que el mismo Du Monceau había advertido en un correo de julio de 2025.
“Dicha problemática ya había sido planteada, la cual se consultó con asesoría legal (...) En ese momento mencioné que podría ser considerado ilegal en Chile legalizar ese tipo de documentación, ya que son los tribunales de familia los que tienen que decidir acerca de la tutela de los NNA en Chile, sin embargo, nunca se me dio la razón y seguimos legalizando”, fue la observación del abogado, que en ese momento tramitaba un traslado a Indonesia.
Octubre 2025: cierran la sede en Puerto Príncipe por denuncias de presunto cohecho
Esta última respuesta, al parecer, no fue bien recibida por los superiores del cónsul, pues cinco días después–el 29 de septiembre–la directora general de Asuntos Consulares, Marta Bonet, envió un memorándum secreto a la entonces subsecretaria Gloria de la Fuente para denunciar “graves” problemas en la gestión de legalizaciones lideradas por Rafael Du Monceau.
En resumen, lo acusaban de una presunta negligencia al no seguir los lineamientos fijados por Cancillería para esas labores al calificarlos como "inobservancia reiterada de las disposiciones del reglamento consular".
Esto derivó en que De la Fuente tomara dos decisiones: quitar la firma al funcionario local Berry Emile, quien actuaba como ministro de fe e instruir un sumario administrativo, el 3 de octubre pasado.
Sin embargo, todo comenzó a empeorar. Un ciudadano haitiano–J.W.M.– concurrió a La Moneda a presentar una denuncia por supuestos actos de corrupción que estaban ocurriendo en las gestiones que debían realizar en la embajada chilena en Puerto Príncipe.
“Los servicios de la legalización de documentos funcionamiento muy mal, los usuarios deben pagar un costo adicional de US100 para cada documento a una persona exterior. Después, la fecha límite para recibir su documento es entre 3 a 6 meses”, se lee en el escrito que presentó en La Moneda, en medio de esta controversia.
La preocupación aumentaba en el Minrel, por lo que la vicecanciller ordenó el regreso inmediato de Rafael Du Monceau a Chile y el cierre de la sede diplomática. En ese contexto, en el despacho de Gloria de la Fuente no dudaron en que había que entregar toda esa información al Ministerio Público porque podrían existir indicios de presuntos delitos.
Sin embargo, el escrito–evacuado a la Fiscalía Centro Norte el 22 de octubre–sólo incluyó la supuesta denuncia de cohecho y los reportes de la directora consular Marta Bonet sobre el desorden e irregularidades en las legalizaciones de Puerto Príncipe. Las comunicaciones previas reveladas por Reportajes Teletrece de marzo, julio y septiembre de 2025 que advertían redes de tráfico de migrantes y falsificación de documentos no fueron incluidos en la denuncia a la Fiscalía.
Una medida que generó curiosidad en el entorno del excónsul. Más aún cuando el Ministerio Público lo citó a declarar como imputado por un caso de presunto cohecho. Ante eso, su estrategia legal fue guardar silencio.
En mayo de este año, Contraloría tomó el control del sumario de Cancillería. En esa instancia, según pudo conocer Reportajes Teletrece, Rafael Du Monceau sí entregó su versión durante varias horas de lo que gestionó en Puerto Príncipe.
Ante esa sede también declararon diversos diplomáticos y exautoridades como la entonces subsecretaria Gloria De la Fuente, quien ratificó el mismo hilo de hechos que fueron derivados al Ministerio Público.
Una causa que suma nuevos antecedentes con estas cadenas de correos y notas reservadas y que podría abrir otras aristas sobre lo que ocurrió con el Programa de Reunificación Familiar de niños haitianos del Servicio de Migraciones.
