Había pasado casi un mes desde el escándalo que originó la detención de varios empresarios y el allanamiento a diversas sucursales del Dispensario Nacional, cuando William Vásquez determinó presentar una querella, en septiembre pasado, contra el OS.7 de Carabineros por presuntamente alterar su testimonio que lo transformó en el principal denunciante de esta red de tráfico de marihuana VIP.
El activista de cannabis–director de la Corporación Medicinal Regional de la Patagonia– señaló que nunca tuvo la intención de convertirse en un “informante” y menos acusar a la empresa MA Botanics, cuyos procesos se convirtieron en el eje central de la investigación que derivó en los operativos de Imperio Ámsterdams.
“Nunca firmé”, aseguró Vásquez, lo que se tradujo en un acción penal contra la pesquisa que lidera el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, desde agosto 2024, precisamente por la información que entregó el director de la página Patagonia Informada.
Sin embargo, el persecutor jefe quita dramatismo a estas acusaciones y señala a Reportajes Teletrece Sábado que “esa querella no tiene ningún sustento legal".
–Fiscal, ¿cómo responde a las denuncias de falso testimonio supuestamente originadas por los funcionarios del OS.7 de Carabineros?
–Eso básicamente es una estrategia de las defensas. Sabemos que lo que dio origen a esta investigación fue un oficio que en su momento fue remitido por OS7 Carabineros Aysén a la Fiscalía Local de Coyhaique. Esto fue el 26 de agosto del 2024. Esto justamente luego que una persona se acercó a Carabineros y aportó antecedentes respecto de hechos que podían ser constitutivos de delito, en este caso de un posible tráfico de droga.
Y en este sentido, debemos hacer mención al artículo 175 del Código Procesal Penal, que es muy claro en cuanto a la obligación legal de denunciar que corresponde a los funcionarios públicos. Aquí la verdad es que nosotros estamos bastante tranquilos, porque lo que hizo carabineros simplemente es cumplir con una obligación legal. Y de hecho si no lo hacía, los funcionarios policiales incurrían en un delito por omisión de denuncia.
–¿Qué medida adoptó tras conocer las querellas por falso testimonio?
–Es necesario aclarar que aquí fue la propia Fiscalía Regional de Aysén la que le solicitó al Fiscal Nacional que esta causa, digamos contra el OS7, se investigara por otra fiscalía regional. Básicamente por un tema de transparencia.
– ¿Y eso está en curso?
–Sí, efectivamente se designó a otro fiscal regional para investigar esos hechos.
–¿Qué fiscalía la tiene?
–La tiene el fiscal regional del Maule.
–¿Esta investigación paralela podría entorpecer sus diligencias?
–No la va entorpecer ni la va a reforzar. Estimamos que los hechos que fundamentan esa querella no tienen ningún asidero ni fundamento legal. Los funcionarios policiales aquí cumplieron con una obligación legal: informar al Ministerio Público respecto de los hechos de los cuales ellos tomaron conocimiento. Por mucho que ahora esta persona diga que en realidad él quiso hacer una mera denuncia.
–¿Cómo ha avanzado la investigación?
–Hay numerosas diligencias que están en curso, como por ejemplo la extracción y análisis de información que se encuentra contenido en dispositivos electrónicos que fueron incautados, el análisis de documentación, hay análisis financieros que se están realizando, análisis de escuchas telefónicas, entre otras diligencias.
–Son más de 70 personas que están bajo investigación. ¿Sigue sosteniendo que detrás de esta red están Mario y Andrés Astorga?
–Efectivamente. Nosotros hicimos un distingo cuando formalizamos la investigación y acá podríamos decir que hay básicamente tres núcleos. Uno es el estamento directivo, el otro sería un núcleo de producción y abastecimiento de cannabis y el tercero sería de comercialización. Y dentro del primer grupo, que es el el directivo, está la cúpula compuesta por Andrés Astorga Rodríguez, que es el líder de la organización criminal y es el máximo accionista de Medcorp. Y bueno, es conocido como el ´rey de la weed´. Hay unas escuchas en que él aparece que son bastantes reveladoras respecto del rol clave que cumplía dentro de la organización criminal. Además está Gino Athens, que es el segundo accionista de Medcorp, y además Mario Astorga de Valenzuela. Nosotros sostenemos que estos tres imputados componen básicamente la cúpula de la organización por cuanto ejercían el mando, la dirección y la planificación de los delitos.
Después habría un segundo núcleo directivo que está compuesto por quienes eran los accionistas minoritarios. Y acá tenemos a Raimundo Silva, Rodrigo Buzeta y Matías Landerer, quienes además componían el núcleo de producción y abastecimiento de cannabis. Estas tres personas ejercían también un mando de dirección y planificación en la producción y el abastecimiento de cannabis, coordinaban además el transporte hacia los centros de acopio para la posterior distribución de la cannabis en los distintos locales que tenía el Dispensario Nacional a lo largo del país. Y por último estaría el núcleo de comercialización propiamente tal. Se materializaba en una red de 21 sucursales.
-¿En esa línea aparece Camilo Huerta?
–Exactamente. El estaba a cargo de una de las franquicias.
–La Corte de Apelaciones de Santiago acogió disminuir la intensidad de las medidas cautelares de la “cúpula” principal de esta organización, ¿cómo afectó eso a la investigación?
–Todos los tribunales que han conocido de los hechos en materia de esta investigación, tanto a nivel de juzgado garantía como de Corte de Apelaciones, han tenido por acreditado tanto el delito de tráfico ilícito de estupefacientes como la participación de cada uno de los imputados. La Corte para no mantener la prisión preventiva y sustituirla por otras medidas cautelares menos gravosas, estimó que no había riesgo de reiteración. Básicamente porque se les había incautado todas las mercaderías–la cannabis–y los locales se encuentran cerrados.
–¿Qué elementos considera relevantes para distinguir que este grupo de empresarios es una organización dedicada al tráfico de droga?
–Nosotros sostenemos que formaban parte de una estructura permanente en el tiempo de carácter jerarquizado, donde además cada miembro cumplía determinados roles y funciones con una finalidad común que era sembrar, cultivar, cosechar, distribuir y además vender masivamente droga. En este caso, cannabis con sus derivados. Todo con altísimos niveles de THC, eh y además bajo una apariencia o fachada medicinal o terapéutica. Todo lo cual les permitió obtener millonarias ganancias en un breve periodo de tiempo.
–¿El rol de los agentes encubiertos fue clave para advertir esos hallazgos sobre la potencia que tenía la marihuana incautada?
–Sí, efectivamente. Entre otras medidas, se materializó con agentes encubiertos reveladores que adquirieron cannabis y sus derivados en los distintos locales que tenía esta red, la que arrojó en algunos casos hasta 200 veces por sobre el nivel de THC autorizado. Y se logró determinar además que mucha de esta cannabis provenía de centros de cultivo clandestinos.
–En ese sentido, la Ley advierte que la presencia de esos niveles de THC se puede considerar tráfico de droga. ¿Es correcto?
–Totalmente. Si estamos hablando de centros de cultivo clandestinos es algo completamente ilegal. Además, en las incautaciones se obtuvo gran cantidad de pitos de marihuana que ellos denominaban como pre-rrols. Esto es para uso pirolítico, lo cual está expresamente prohibido por la Ley.
Fiscal apunta a los médicos y sus recetas: “Se obtenían, según quedó comprobado, de manera sumamente rápida y expedita, con diagnósticos muy genéricos”
–Una de las aristas que quedó pendiente fue el tema del análisis de las recetas médicas que usaban los usuarios del Dispensario Nacional. ¿En qué va esa parte de la investigación?
–Nosotros creemos que alguno de los clientes, que eran más de 16.000, podrían haber estado de buena fe y eventualmente sí podrían haber cumplido con la norma. Aquí el daño también se produce respecto de ello. Pero había un número importante de usuarios o de clientes que obtenían recetas médicas a través de médicos que les recomendaba esta red criminal. Y en ese sentido, había médicos que extendían recetas con un diagnóstico genérico en base a un supuesto tratamiento de cannabis.
Estas recetas se obtenían, según quedó comprobado, de manera sumamente rápida y expedita. De hecho, agentes reveladores pudieron acceder a este supuesto medicamento, en base a cannabis, a través de consultas por videollamada o por WhatsApp con una entrevista sumamente breve en las cuales se emitían diagnósticos muy genéricos. Por ejemplo, podía ser estrés, lumbago o trastorno del sueño, pero sin que realmente existieran antecedentes clínicos ni menos ni exámenes o controles presenciales que justificaran esos diagnósticos. Eso eventualmente también podría configurar lo que respecta a los médicos un delito especial que está en la Ley 20.000.
–En ese sentido, ¿la norma también persigue este tipo de conductas?
–Efectivamente, ahí hay un ilícito especial, que prevé la Ley 20.000 en su artículo 6, que es la receta sin necesidad médica o terapéutica.
–Hace unos días Reportajes Teletrece dio a conocer que la oficina de Ciro Colombara realizó un estudio en derecho sobre el rol del Dispensario Nacional y advirtió ciertos riesgos y comportamientos que podrían entrar en el espacio de tráfico de drogas. ¿Le sorprendió que uno de los imputados principales haya usado este documento posterior a la formalización?
–La verdad es que no puedo negar que sí nos sorprendió.
–¿Por qué?
–Primero hay que aclarar que esta organización ilícita excedía todos los límites y todos los requisitos que tanto la normativa como la jurisprudencia han impuesto para que puedan ser considerados como un grupo canábico legal.
Ahora, el informe de Colombara es súper importante a nuestro juicio para la investigación, porque ese informe en derecho advirtió expresamente a Dispensario Nacional que desde un punto de vista penal existía un riesgo evidente de que este modelo podía ser reconducido por parte del Ministerio Público, a hipótesis de cultivo no autorizado o bien a la elaboración de sustancias y tráfico ilícito de droga. En este sentido, Colombara advirtió a Dispensario de que este riesgo penal no era meramente hipotético, sino que se trataba de un riesgo real y concreto.
–Esa opinión legal lo que más sugería era convertir la organización en un espacio cerrado y sin fines de lucro. Pero las escuchas telefónicas dieron cuenta de un comportamiento totalmente contrario. ¿Qué piensa usted?
–Exactamente. El informe les propone una fórmula que incluso no elimina por sí solo los riesgos penales, pero sí al menos permitiría reducirlo a través de un reordenamiento del Dispensario bajo una lógica de circuito cerrado, que sea gratuito, no comercial, trazable y que sea restringido en cuanto a los consumidores. Pero nada de eso ocurría.
Primero, no se trataba de un grupo reducido ni cerrado porque eran 21 sucursales con más de 16.000 socios. Por otro lado, prácticamente no había filtros de ingreso, porque se podía ingresar fácilmente y con una receta médica que se podía obtener de manera muy fácil, muy expedita. Quedó claro que se trataba de una estructura empresarial, comercial y centrada en el lucro, lo que es reconocido por el líder de la organización en las escuchas que es Andrés Astorga.
–Este informe permite sostener a la Fiscalía que los imputados sabían de los potenciales riesgos de las actividades que estaban realizando?
–Esto permite echar por tierra y descartar cualquier alegación de parte de los imputados sobre una supuesta ignorancia o desconocimiento de la normativa que regula la materia. Y nos permite sostener de forma irrefutable que los imputados tenían conciencia de la ilicitud de sus conductas, en este caso–evidentemente–del delito de tráfico ilícito de cannabis con THC y sus derivados.
En otras palabras, diría que el estudio jurídico contratado por Dispensario Nacional les informó y les advirtió que estaban cometiendo delitos de tráfico ilícito de droga. Y frente a este llamado de advertencia o luz roja del informe, no se inhibieron ni se impidió que estos imputados siguieran traficando droga.
