Sin entregar muchos detalles, el senador Pedro Araya pidió la palabra el miércoles pasado en medio de la discusión del Presupuesto 2027 que ocurría en la Cámara Alta. Su intención era leer una carta que le había enviado la senadora Ximena Órdenes, quien estaba fuera de Chile participando en la gira presidencial por Asia. 

La intención era dar a conocer que la parlamentaria del PPD no había dado consentimiento para retirar su permiso constitucional ni había autorizado a terceros para hacerlo. Y menos haber concedido “su firma” para esa gestión ante la mesa del Senado. 

Todos en la sala quedaron atónitos. En el oficialismo vieron que esa maniobra se habría concretado para subir el quórum de las votaciones y así perjudicar la tramitación del presupuesto que lideraba el ministro Jorge Quiroz. Mientras que en la oposición, los dardos apuntaron de inmediato al senador PS Juan Luis Castro, quien ejerce como jefe del comité del Socialismo Democrático. 

“Un error grosero” y “máxima gravedad” fueron los conceptos que decantaron del mundo político. Pero no quedó solamente en esa sede. El Ministerio Público determinó abrir una investigación de oficio–a las pocas horas–dado los primeros antecedentes que se estaban conociendo en el Congreso. 

La respuesta de la Fiscalía aumentó la presión entre los parlamentarios. Por ejemplo, el senador Rodolfo Carter no dudó en establecer la controversia como un supuesto caso de “falsificación de firma”. Mientras que sus adversarios en la oposición comenzaron a bajarle el perfil para no agrandar una polémica que ya estaba en sede penal y que también salpicó a Fidel Espinoza. 

“Es un asunto político y administrativo, no judicial”, comentó más tarde el senador Vlado Mirosevic, actual presidente de la Comisión de Constitución. 

Con todo, la mesa–presidida por Paulina Nuñez (RN)–emitió una declaración en que intentó institucionalizar una respuesta al bochorno protagonizado, aparentemente, por el senador Castro, quien atribuyó su accionar a una solicitud de la senadora Paulina Vodanovic, de acuerdo a dos entrevistas concedidas en El Mercurio y La Tercera. 

“A la fecha, no existe una confirmación de que se haya producido una falsificación de firmas en la tramitación de estos permisos, incluso uno de los senadores involucrados lo ha descartado públicamente”, señaló el comunicado. 

Así, agregaron que sobre lo planteado por la senadora Ximena Órdenes, serán las instancias competentes las que deberán esclarecer los hechos. 

“La secretaría del Senado recibió la documentación con las firmas respectivas, de acuerdo con los procedimientos habituales de la Corporación. Dicha recepción constituye un trámite administrativo y no implica validar las autorizaciones para su presentación ni verificar las circunstancias en que fueron suscritos los documentos”, indicó la misiva. 

Bajo esa lógica, a la espera que el Ministerio Público les confirme la investigación, no tendrán inconvenientes en colaborar en lo que los persecutores requieran. 

Fiscal Regional: “Es preliminar tener claridad si hay delito, pero parecía bastante grave y por eso decidimos iniciar investigación”

Reportajes Teletrece Sábado conversó con la fiscal regional Claudia Perivancich sobre toda esta controversia originada en el Senado. Acostumbrada a este tipo de situaciones y a poco más de 30 días de dejar su cargo, la persecutora jefe de Valparaíso explica por qué determinó abrir por oficio una pesquisa. 

“Decidimos abrirla, porque la información que se tenía en estas primeras horas era que se había eventualmente falseado una presentación ante el mismo Senado en orden a que suponía la intervención de dos senadores”, revela. 

Así, Perinvancich sostiene que al menos uno de ellos ha señalado que no realizó tal intervención. “Es decir, no habría pedido dejar sin efecto o retirar la solicitud de permiso constitucional para este viaje al extranjero. Entonces, ahí podría eventualmente haber una figura de falsedad dependiendo de cómo se aporta esa información al Senado”, asegura la fiscal regional, que detalla los posibles delitos a investigar:

“Eventualmente una suplantación de personas si hay alguien que se hace pasar por la senadora (Ximena Órdenes). Y eso nos alerta desde el punto de vista de que podríamos estar hablando de la comisión de un delito”, sostiene. 

De todas formas, Perivancich advierte que todo es muy preliminar para determinar si se cometió un delito, cuál sería y quiénes estarían involucrados. “Pero parecía bastante grave y por eso decidimos iniciar la investigación”, explica la fiscal regional. 

Durante el viernes, el Ministerio Público contactó al Senado para pedir la documentación correspondiente sobre los permisos constitucionales, además de las votaciones que se vieron involucradas con esta controversia. Mientras que, por su parte, el senador Juan Luis Castro, presentó un escrito ante la justicia para que declaren inadmisible la querella presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana. 

Una polémica que ya tiene diligencias en curso. 

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