Se viven días convulsos en el circuito judicial de Valparaíso. Y es que el juego por el trono de la Fiscalía regional de Valparaíso ha enfrentado a la Corte de Apelaciones porteña y a postulantes para suceder a la actual fiscal regional, Claudia Perivancich, quien tiene que entregar la posta el próximo 29 de diciembre y mira con distancia el proceso para reemplazarla. “Es bien inédito”, dice sobre la suspensión de las presentaciones y la reincorporación de candidatos que habían sido bajados del concurso. 

De estilo reservado y bajo perfil, la fiscal Claudia Perivancich recibe a Reportajes Teletrece Sábado para repasar los ocho años de su gestión y los casos que marcaron su periodo al mando de la Fiscalía regional de Valparaíso, que por jurisdicción le toca investigar todos aquellos delitos que ocurran en el Congreso.

De hecho, una de las últimas causas que le tocó abrir es para indagar la supuesta falsificación de firmas en el Senado, por retirar el permiso constitucional de la senadora Ximena Órdenes, quien acompañaba al Presidente Kast en Asia. “Parecía bastante grave y por eso decidimos iniciar la investigación”, dice la persecutora regional. 

Sin embargo, la causa que ha marcado su último año es el llamado caso Nombramientos, una de las aristas del celular de Luis Hermosilla en la cual se investigan delitos en la nominación de jueces, ministros de corte, notarios y conversadores. Allí figuran como imputados además del influyente penalista, el abogado Samuel Donoso, el embajador Gabriel Zaliasnik, el conservador Sergio Yáber y los exministros Ángela Vivanco, Antonio Ulloa y María Teresa Letelier. 

Se trata de uno de los puzzles judiciales más complejos derivados del caso Hermosilla, pues se contabilizan al menos cinco causas separadas–cada una con un rol distinto–, en las que se investigan a una decena de personas, bajo delitos que van desde el fraude al fisco, cohecho, prevaricación e incluso lavado de activos y posibles delitos tributarios. 

Una de esas causas es la que tiene en la mira al embajador de Chile en Israel, el abogado Gabriel Zaliasnik, quien está imputado en una causa abierta por fraude al fisco. Allí se investiga su rol como abogado de Mario Rozas en causas del estallido y cómo se financió su defensa, pues en los chats con Hermosilla se habla de “apurar” a Loreto Silva, entonces presidenta de ENAP, para destrabar los honorarios del embajador. 

–¿Cómo se ordena este puzzle que ha sido llamado caso Nombramientos?

–La primera de esas causas surgió separada de la Operación Topógrafo. En esa causa existía como materia de investigación un espionaje ilícito en el ámbito militar. Esa causa es de la Fiscalía Regional Centro Norte y viene a mi fiscalía lo que dice relación con algunas comunicaciones del exministro [Juan Antonio] Poblete respecto del ejercicio de algunas influencias para obtener nombramiento judicial. Y entonces allí es imputada y ha prestado declaración como, la exministra Letelier de la excelentísima Corte Suprema. Esa causa no está formalizada, pero ya tiene la condición de imputada principal en esa causa.

–¿Y reciben antecedentes también de un sumario de la Corte de Apelaciones de San Miguel?

–Recibimos en enero de este año una derivación desde la Fiscalía Nacional de llevar nosotros una investigación que tiene su origen en la presentación que hace una fiscal de la Corte de Apelaciones de San Miguel, producto de una investigación interna que se había realizado al interior de la corte respecto de algunos funcionarios de conservadores de bienes raíces y notarios. Y allí están como imputados el notario Martel, el notario Ortúzar, que eran a quienes les surge esa investigación en la Corte de San Miguel y que se traspasa al ámbito penal con esta denuncia que hace la fiscal de dicha corte. 

Entonces, a esta investigación se le ha venido en llamar "Nombramientos" porque dice relación con los nombramientos de estos propios funcionarios del ejercicio de funciones auxiliares a la administración de justicia, y que también tienen un grado de vinculación con la causa seguida en contra de la exministra Ángela Vivanco. Entonces ahí efectivamente también han prestado declaración como imputados el señor Yáber, personas que han participado en elecciones de conservador de bienes raíces y de notario, que son el hoy conservador Luis Fischer, el conservador Carlos Swett.

–¿A esos antecedentes se le suman lo encontrado en el celular de Luis Hermosilla?

–En la mayoría de ellos, efectivamente lo que hay al inicio de las investigaciones son conversaciones por WhatsApp que se derivan de alguna manera del caso original, el caso Audio, porque son conversaciones de WhatsApp en las que también aparece el señor Hermosilla conectado con estos intentos de favorecer ciertos nombramientos. Eso es la causa Nombramientos. 

–¿Y en el caso de Antonio Ulloa?

–La causa contra el exministro Ulloa a nosotros nos fue encargada; originalmente la tenía la Fiscalía Regional de O'Higgins y se nos entrega luego esa investigación. Ahí efectivamente acabamos de presentar la querella de capítulos en contra del ministro Ulloa por hechos constitutivos de cohecho, prevaricación y revelación de secreto, que en el fondo le imputan haber concedido ciertos beneficios desde el punto de vista del resultado jurisdiccional de algunas causas, en contrapartida a haber obtenido como favor el interceder para su propio nombramiento en la Corte de Apelaciones de Santiago. Es esa la imputación central en contra de él.

–A mediados de años formalizaron a Luis Hermosilla y la exministra Verónica Sabaj

–Ahí la imputación es básicamente la misma que se hace respecto del ministro Ulloa. En el caso de ella estamos más adelantados porque allí ya fue acogida la querella de capítulos y ella también está formalizada; es decir, la investigación está formalizada en su contra y también respecto de Luis Hermosilla.

La querella contra Antonio Ulloa

–Se deslizaron algunas críticas por la tardanza en la presentación de la querella de capítulos en contra de Antonio Ulloa, sobre todo considerando que el CDE ya había activado una ofensiva penal. ¿Qué le parecen esas críticas?

–Estas investigaciones siempre son causas complejas que requieren el análisis de mucha información. Además, ese análisis tiene que ser cuidadoso porque, como se ha visto en investigaciones como esta y en otras similares, hay que ser cuidadoso con el tratamiento de esa evidencia. Comprendo que hay una preocupación de la ciudadanía en agilizar las investigaciones que afectan la correcta administración de justicia y esta visión negativa que se ha tenido en los últimos años respecto del comportamiento de las Cortes, que yo creo que en caso alguno debe generalizarse, pero comprendo el malestar ciudadano. Pero por un lado está ese malestar y por otro lado está el ejercicio legítimo de los derechos que tienen cada una de las personas que son involucradas en las investigaciones a solicitar diligencias.

–En esa querella ustedes cifraron en $71 millones los pagos que realizó Sergio Yáber a Antonio Ulloa, quienes han transmitido que el dinero tenía como destino a la hija de Ulloa, por un supuesto padrinazgo de Yáber. ¿Han podido esclarecer el objetivo de esos pagos?

–Creemos que no es una justificación que extinga o que suprima la existencia del delito, porque entendemos que son dineros que tienen que ver con acuerdos de voluntades en que se está pagando al exministro Ulloa a raíz de que colaboró en que Yáber fuera nombrado y en otros hechos que dan cuenta de un resarcimiento recíproco. Esa es nuestra teoría. 

Para nosotros no se sostiene ese argumento que se pretende señalar de que esto no tiene nada que ver con las funciones de los dos (Ulloa y Yáber) y que es un pago en razón de una situación de cariño o de auxilio económico. 

–El CDE también se querelló contra quienes se habrían beneficiado del nombramiento de Ulloa: Samuel Donoso, Mario Vargas, Sergio Yáber y Luis Hermosilla. ¿Han podido llegar a alguna convicción respecto al rol de cada uno de ellos?

–Tienen la condición de imputados porque son objeto de esta querella por parte del Consejo de Defensa. No sería serio que yo le indicara ahora que estamos convencidos de la participación de cada uno de ellos, porque no habiendo efectuado nosotros ningún acto formal en requerir alguna actuación del tribunal o efectuar alguna imputación respecto de ellos, no me voy a adelantar por esta vía. Pero estamos revisando intensamente los antecedentes de la investigación, la teoría que vamos a establecer producto de ese análisis y, por supuesto, también estamos mirando cuál es la impresión que tiene hasta ahora el Consejo de Defensa. 

–Pero, ¿usted se traza como objetivo avanzar y comunicar cargos en una formalización en contra de estos imputados antes de que termine su periodo?

–Lo estoy evaluando permanentemente y lo quiero hacer con toda la seriedad del mundo, en el sentido de no correr para hacer algo antes pensando en que me voy a ir, ni dejar de hacer porque ya me voy a ir. Tengo que ser muy seria al respecto y lo voy a hacer como me ha correspondido en otras causas en las que hemos tenido que tomar decisiones en el momento en que los antecedentes de la investigación exijan que lo haga.

El rol de Gabriel Zaliasnik

–El consejero Daniel Martorell señaló que había “gestiones” de Gabriel Zaliasnik en el nombramiento de Antonio Ulloa. Y usted hace poco confirmó que el embajador de Chile en Israel tenía calidad de imputado en una de sus investigaciones. ¿Qué han podido despejar acerca de su rol?

–Hay una causa independiente porque hay una denuncia directa en contra del embajador Zaliasnik. Esa es una causa separada y está con varias diligencias instruidas de las cuales todavía no tenemos resultados. Entonces, es muy prematuro que me pronuncie respecto de ello.

–Pero para entenderlo bien: ¿el embajador está imputado en el marco de la denuncia que presentan los parlamentarios Manouchehri y Cicardini y no en el caso de Antonio Ulloa?

–No, en el caso del nombramiento de Antonio Ulloa no tenemos ese rol acerca de Gabriel Zaliasnik en este momento.

–En su denuncia, los parlamentarios acusan un supuesto fraude al fisco en ENAP por cómo se habría financiado la defensa de Mario Rozas a cargo del embajador, y por estos chats entre Zaliasnik y Luis Hermosilla acerca de apurar a Loreto Silva y también a Salvador Valdés. ¿Qué han podido establecer en ese caso? Este es el primer caso de nombramientos que involucra fraude al Fisco. 

–Se le ha dado esta categorización producto de la imputación que se realiza en la denuncia en torno a que, como él está preguntando en los chats respecto de dónde vendrían los pagos o cómo se le van a hacer pagos eventualmente, él consulta si se puede hacer con gastos reservados. Es de las cosas que además estamos analizando: cuáles son los supuestos de los gastos reservados, en qué escenarios corresponden, cuál era el rol, si lo tenía él en ese momento en la defensa de alguna autoridad del Estado. Pero no estoy en condiciones de adelantar nada por esta vía. Eso es lo que estamos mirando, el centro de esa imputación.

–¿Pero tienen claro cómo se financió esa defensa?

–No estaría en condiciones de adelantar nada por esta vía.

–¿Es incómodo tener que investigar a un embajador de la República?

–Nosotros hemos tenido que investigar a un Presidente de la República. Entonces esa palabra es compleja; yo no diría que es incómodo. Todas las investigaciones tienen distintos niveles de complejidad y un componente de esa complejidad tiene que ver con la expectación que generan. Uno trata de someterse al mismo parámetro. Yo no estoy siendo ilusa acá, porque a mí no me designan los hurtos que se cometen al interior de los supermercados; comprendo que estamos hablando de situaciones totalmente distintas, pero en esas uno tiene que trabajar sabiendo que va a tener que responder al interés de la comunidad.

Los pagos en efectivo declarados por Hermosilla

–Luis Hermosilla declaró que habría recibido desde La Moneda, por instrucción del Presidente Sebastián Piñera, dineros en efectivo por ciertas gestiones judiciales.  ¿Han podido esclarecer a qué respondían esos pagos? 

–No quiero rehuir la pregunta porque entiendo que eso ha aparecido públicamente. Lamento mucho que las declaraciones se vayan filtrando a la prensa. Eso tiene que ver con que nosotros entregamos copias a los querellantes, salvo piezas que hemos tenido temporalmente sometidas a secreto. Hay una versión en esa misma declaración que tenía que ver con el pago de actuaciones ante los tribunales en las que estaba interviniendo más de algún abogado. Pero no me voy a pronunciar ahora respecto de si nosotros tenemos allí clara convicción respecto de que habría algún delito que imputar.

–Pero más allá de si hay algún delito que imputar, le pregunto por el origen de esos dineros. Porque trascendieron dos alternativas: que eran fondos que salieron de Sebastián Piñera de manera particular o recursos provenientes de gastos reservados. ¿Han podido esclarecer el origen?

–No le puedo adelantar si lo hemos esclarecido.

Publicidad