El crimen contra un matrimonio de adultos mayores en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso, conmocionó el año pasado a la localidad de Ventanas.

Patricio Riquelme, de 60 años, y Mónica Reyes, de 63, llevaban 41 años casados y eran los dueños de “El rey de la empanada”, un conocido local del sector.

Durante un año dos ciudadanos de nacionalidad venezolana se ganaron la confianza del matrimonio. Trabajaron en el local familiar e incluso a uno de ellos, en 2020, lo trasladaron desde Iquique cuando apenas cruzó al país de manera irregular y se le dio trabajo.

Ellos mismos, los ciudadanos venezolanos, fueron declarados culpables el pasado 2 de enero por el crimen de esta pareja que impactó a toda la localidad de Ventanas.

Los detalles del despiadado crimen

En una investigación de T13, el propio fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, detalló que “a la mujer la apuñalan en reiteradas partes del cuerpo y a la víctima varón, a su cónyuge, le disparan con la escopeta encima de su cara, ni siquiera a quemarropa, fue encima, en uno de sus ojos, muriendo ambos en el mismo lugar”.

Los asesinos tenían todo planificado. El motivo era el encargo de la camioneta de las víctimas, que iba a ser vendida en San Felipe, e ingresaron por el costado del local en plena madrugada, cuando el matrimonio estaba durmiendo, para concretar el crimen.

Tras su detención en San Antonio vino un juicio de meses. Ambos fueron condenados el pasado 2 de enero; el mayor, de 23 años, a presidio perpetuo calificado, mientras que el menor, supuestamente de 16, a 10 años en un recinto del Sename.

El fiscal aclara ese “supuestamente” explicando que “no se han recibido antecedentes de Venezuela” sobre la identidad de los sujetos.

Para el hijo del matrimonio, Abel Riquelme, no hay dudas. “Nosotros sabemos que él no es menor de edad. Él tiene más de 22, 23 años. Sólo su cuerpo lo dice”.

Además, asegura que no existe arrepentimiento. “Le dijo a mí hermana, le abrió el vidrio y le dijo: ‘Me comí a los viejos’ ¿Quién dice eso?”.

Por lo mismo, aseguró que “hemos pensado en demandar al Estado por la nula ayuda que se prestó, porque no hay control en la frontera. El otro en 10 años más está libre, ¿y si nos busca? ¿Y si nos hace daño?”.

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