El Juzgado de Garantía de Rancagua declaró admisible la querella que presentó Hugo Silva, el empresario dueño de Silca, por estafa e inducción a la firma de un contrato en contra de los representantes legales de Caval Limitada, Mauricio Valero y Natalia Compagnon.
La acción pretende dejar sin efecto el contrato por el cual Silca le compró a Caval tres terrenos en Machalí, por 9.500 millones de pesos, argumentando el cambio del plan regulador del municipio.
El Juzgado de Garantía decidió individualizar a las personas querelladas, es decir identificarlas con nombre y apellido en lugar de "contra quienes resulten responsables", como establecía el texto anterior, a raíz de la querella interpuesta por Renovación Nacional (RN) a funcionarios públicos.
Ahora la Fiscalía podrá solicitar diligencias, tomar declaraciones e investigar la posible participación de funcionarios públicos durante el negocio.
