Hoy entraron en vigencia las modificaciones a la Unidad de Análisis Financiero con una medida que afecta a más de 1.000 servicios y órganos públicos que tendrán que informar a la entidad todas las operaciones que advierten sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
El ministro de Hacienda subrogante, Alejandro Micco, explicó que "con este nuevo marco legal, el país aumenta signinificativamente su capacidad de análisis y control para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo".
La iniciativa fue aprobada después de 8 años de trámite legislativo y acoge las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud, hoy Gafilat) .
Otros cambios
Entre las modificaciones incorporadas, también está el levantamiento del secreto bancario si hay autorización de un juez de garantía, el congelamiento y retención de activos de las personas vinculadas al financiamiento del terrorismo y el aumento de las instituciones privadas obligadas la UAF sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas de lavado de activos, que detecten en el ejercicio de su actividad.
