Lo que hay tras el round de Poduje con la Cámara Chilena de la Construcción

Qué sucedió. El Gobierno busca ampliar de cinco a diez años la garantía para defectos en las instalaciones en viviendas sociales. El proyecto de ley, que el Ministerio de Vivienda espera ingresar durante el segundo semestre, surge en medio de la preocupación por los altos costos que, según plantean las autoridades, ha debido asumir el Estado para reparar proyectos con fallas constructivas.

• De acuerdo a fuentes del Ejecutivo, entre los principales problemas detectados en condominios sociales figuran filtraciones de humedad, fallas en ductos, descargas verticales de agua y aguas servidas, además de socavones asociados a empalmes de matrices.
• Se señala que, una vez vencidas las garantías vigentes, estos desperfectos terminan siendo financiados con recursos públicos.
• Las mismas fuentes sostienen que, durante los últimos cinco años, el Estado ya ha destinado aproximadamente 1,7 millones de UF para reparar viviendas sociales con problemas de ejecución, materialidad o fiscalización.
• Bajo este diagnóstico, La Moneda busca que una mayor parte de esos costos recaiga sobre las empresas responsables de las obras y no sobre los contribuyentes.

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Qué ha dicho Poduje. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, señaló a El Mercurio que “las fallas constructivas corresponden a problemas de habitabilidad que afectan a viviendas financiadas por el Minvu poco tiempo después de su entrega, incluso dentro del periodo de garantía legal”.

• “Me resultan sorprendentes y preocupantes las declaraciones de la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios respecto de que la medida va a encarecer los costos de las viviendas. No tener esa medida ya ha encarecido los departamentos en 1,7 millones de UF en los últimos cinco años”, añadió.

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Las razones. En el Ejecutivo sostienen que el eventual encarecimiento de los proyectos debe contrastarse con el costo que hoy asumen los contribuyentes para reparar viviendas con fallas constructivas.

• Bajo esa lógica, la ampliación de las garantías busca que una mayor proporción de esos montos recaiga en las empresas responsables de las obras y no en el Estado años después de entregados los proyectos habitacionales.
• Señalan además que la iniciativa será complementada con un fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, y con sanciones más severas para las empresas que incumplan los estándares exigidos en la construcción de viviendas sociales.

Las cifras del Minvu. Detrás de la ofensiva de Poduje existen antecedentes recopilados por el Minvu, donde solo este año el Estado podría desembolsar cerca de 3 millones de UF —equivalentes a unos $120 mil millones— para reparar deficiencias de construcción detectadas en proyectos habitacionales desarrollados en años anteriores.

• La mayor parte de esos recursos corresponde a intervenciones en conjuntos ubicados en Santiago, Concepción y Tocopilla.
• El Ejecutivo considera que esos costos no pueden seguir siendo absorbidos principalmente por recursos fiscales, por lo que preparan cambios destinados a ampliar las garantías, reforzar la fiscalización y elevar las multas a las empresas que incumplan los estándares exigidos.

Qué dice la Cámara Chilena de la Construcción. Representantes de la industria advierten que una extensión de las garantías podría traducirse en mayores costos para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.

• Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chile de la Construcción, ha dicho que los plazos de prescripción de las responsabilidades “no operan de manera aislada” y que “detrás de ellas existe una cadena completa de proveedores, fabricantes, aseguradoras, certificadores y sistemas constructivos”
• “Una parte importante de los materiales utilizados en la construcción no contempla garantías equivalentes a 10 años, por lo que una obligación de esa magnitud podría generar mayores costos de aseguramiento, financiamiento y gestión para los proyectos”, acotó.
• En la industria inmobiliaria existe preocupación por el efecto que podría tener la medida en un sector que todavía enfrenta un elevado stock de viviendas sin vender y bajos niveles de inversión.
• Desde el sector sostienen que la propuesta podría encarecer los proyectos habitacionales en un momento en que el propio Gobierno ha impulsado medidas para reactivar la actividad, entre ellas la exención del IVA a la venta de viviendas nuevas.

Mesa técnica. Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), explica que la posventa es “una fase muy relevante para la industria” y que existe un trabajo permanente para “mejorar sus niveles de satisfacción”.

• “Ante los aumentos de casos de problemas señalados por el Minvu, creemos necesario y conveniente generar una mesa técnica de trabajo que revise el comportamiento de los materiales que han estado en el origen de estos casos”, planteó.
• Sostuvo además que “hay varios factores que pueden incidir en el eventual mal funcionamiento de una red y es fundamental aquilatarlos adecuadamente”.

Efecto económico. Claudia Sepúlveda, gerente inmobiliario de GPS Property, señala que “extender de cinco a diez años la responsabilidad por defectos en elementos constructivos e instalaciones apunta a fortalecer la protección de las familias y elevar los estándares de calidad de las viviendas”.

• No obstante, advierte que, en un escenario donde la industria enfrenta mayores costos, restricciones de financiamiento y extensos plazos de permisos, “cualquier exigencia adicional podría traducirse en un encarecimiento de las viviendas, especialmente en los segmentos más sensibles como la vivienda social”.