La presión de los jesuitas y otros 100 grupos para que Boric cumpla compromiso de regularizar migrantes

Qué hay de nuevo. Como motivo del Día Internacional del Migrante, representantes de un centenar de organizaciones, acudirán al Palacio de La Moneda para entregar una carta pidiendo al gobierno acelerar el proceso de regularización acotada de migrantes comprometida en 2024.

• Señalan que el Presidente Gabriel Boric los recibiría en audiencia a las 17 horas de este jueves, aunque la cita no está en la agenda oficial del gobierno.
• En el empadronamiento biométrico de migrantes se catastró a cerca de 182 mil personas, aunque no se informó cuántas serían regularizadas. El proceso finalizó en enero de 2024.

Por qué importa. En 2023 y 2024, el Ministerio del Interior avanzó en un catastro para ordenar la situación de personas en estado migratorio irregular, que cumplieran ciertos requisitos como arraigo laboral o familiar. En este marco se realizó un empadronamiento biométrico de migrantes, donde se catastró a cerca de 182 mil personas, aunque no se informó cuántas serían regularizadas.

• El anuncio del gobierno, generó en su momento críticas en la oposición donde acusaron una suerte de “perdonazo” a migrantes irregulares.
• La excandidata del oficialismo Jeannette Jara también era partidaria de empadronar a los migrantes para un proceso de regularización acotado.
• Un proceso de regularización acotado va en línea con lo que la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) le pidió al Presidente electo, José Antonio Kast.
• “Creemos que a personas que han entrado por un paso fronterizo habilitado, con carnet de identidad, visa de turista y no ha salido del país, es importante dar una oportunidad de formalización cuando hay un vínculo familiar, cuando hay un vínculo laboral y cuando los papeles están absolutamente limpios”, manifestó la entidad gremial.

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La carta. En el documento firmado entre otros por el Servicio Jesuita a Migrantes, INCAMI (Instituto Católico Migración), Amnistía Internacional Chile, Fundación Avina, Red de Organizaciones Migrantes y Pro-Migrantes y Asociación Venezolana en Chile (ASOVEN), solicitan:

• “La implementación de una regularización migratoria urgente, en el marco de los compromisos adquiridos por este gobierno, que permita restituir derechos, fortalecer la cohesión social y dar continuidad a las expectativas generadas por políticas públicas impulsadas por el propio gobierno”.
• “En ese sentido, las organizaciones plantean que existe un deber ético y político de abordar esta situación, especialmente considerando los principios que orientaron el programa de gobierno”.
• “Las personas migrantes en Chile atraviesan uno de los momentos más adversos de las últimas décadas, marcado por un clima de xenofobia, aporofobia, racismo y criminalización, que ha deteriorado los lazos de convivencia construidos en los territorios”.
• “Este clima ha ido tensando relaciones cotidianas de colaboración y solidaridad entre personas migrantes y nacionales, poniendo en jaque la cohesión social”.

La complicación de La Moneda. Fuentes de palacio señalan que es muy difícil acelerar un proceso de regularización acotado antes del cambio de mando. Esto por razones técnicas y políticas.

• Por una parte Boric tiene poco margen de acción. Aunque por Ley de Migraciones, la Subsecretaría del Interior puede iniciar el proceso de regularización de indocumentados, se requería que las personas que participaron en el proceso de empadronamiento postulen a la regularización. Luego se debería cruzar los datos con los antecedentes penales. Todo aquello es un proceso de largo aliento.
• La decisión del Mandatario de impulsar la regularización acotada no está descartada de plano, pero cualquier la medida, sostienen en La Moneda, tendría que pasar por un acuerdo entre el gobierno entrante y el saliente. Kast se ha mantenido en la postura de pedir a los inmigrantes sin documentación que salgan de forma voluntaria del país, para luego, los que quieran, volver a entrar de forma regular”.
• El tema dependerá también de la agenda legislativa de las últimas semanas de mandato, ya que se busca no trabar otras negociaciones en proyectos importantes para el gobierno como son el FES, las reformas políticas, la ley de salacuna, el sistema nacional de cuidados y la ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres.