La zona gris de los dispensarios de cannabis en Chile: cómo operan y las millonarias cifras que manejan

Cuantiosas cifras. La dimensión económica de los denominados dispensarios de cannabis quedó expuesta en la Operación Imperio Ámsterdam. De acuerdo a lo que pudo constatar este medio tras las audiencias de formalización, la organización investigada habría recibido unos $7 mil millones entre 2023 y 2026 —a través de plataformas de pago—, equivalente a cerca de $197 millones mensuales.

• La cifra corresponde solo a los pagos realizados mediante esas plataformas y no considera otros medios, como efectivo o transferencias bancarias.
• Alfredo Robles, abogado penalista, sostiene que las redes de mayor escala investigadas por el Ministerio Público pueden llegar a mover cerca de $750 millones mensuales. También remarca que esta actividad dejó de ser un fenómeno artesanal y acotado, para dar paso a estructuras con múltiples sucursales y presencia a nivel nacional.

Dispensarios arrancan con capital privado. Robles asegura que en la industria de los dispensarios existe “una paradoja financiera”, considerando que “la banca tradicional chilena jamás les abriría una cuenta corriente ni les otorgaría créditos a estos negocios debido a los estrictos filtros de cumplimiento (compliance) y prevención de lavado de activos”.

• Según el abogado, por esa razón el financiamiento de estas estructuras proviene principalmente de capitales privados, aportes de los socios fundadores y la reinyección de los flujos generados por la propia actividad.
• “En cuanto al capital inicial, no se necesita una fortuna para arrancar con una estructura pequeña y un par de puntos de venta, pero el dinero se multiplica tan rápido que escala de inmediato”, sostiene.
• Pero también existe una mirada distinta sobre la naturaleza de estos flujos. Explica que buena parte de las organizaciones que son denominadas “dispensarios” corresponden jurídicamente a corporaciones creadas bajo la Ley 20.500, cuyos ingresos provienen de los aportes de sus propios socios.
• En ese modelo, precisa, no existen dueños ni utilidades que puedan repartirse, ya que los bienes y recursos pertenecen a la corporación.

Los gastos. El modelo, explican conocedores de la industria, se desarrolló originalmente a partir de grupos de pacientes que necesitaban acceder a cannabis medicinal y que se organizaron para mantener cultivos colectivos.

• Mantener un cultivo implica gastos en iluminación, agua, electricidad y cuidado de las plantas, costos que aumentan según el tamaño de la producción.
• A ello se suman arriendos, habilitación de locales, mobiliario, oficinas, personal contratado y otros gastos necesarios para atender a los socios y cumplir con las formalidades de una corporación.
• Pablo Orellana, abogado penalista y presidente del club cannábico Buena Flora Club, explica que en la práctica estas organizaciones cobran una cuota de inscripción y luego realizan cobros o reciben “donaciones” asociadas a la cantidad de cannabis que cada socio retira.
• Para incorporarse, señala, los clubes suelen exigir cédula de identidad, certificado de antecedentes y receta médica, aunque los filtros varían entre organizaciones. Algunas, agrega, establecen requisitos adicionales, como la recomendación de un socio, límites de edad o un número máximo de integrantes.
• Orellana sostiene que existen diferencias importantes entre las organizaciones, y que no todas funcionan bajo los mismos estándares o niveles de control.

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Cómo se distribuyen en Chile. De acuerdo con un sondeo realizado por Colliers, actualmente existen 56 dispensarios a nivel nacional, de los cuales 30 están en la Región Metropolitana, equivalente al 54% del total.

• Del universo nacional, 20 corresponden a unidades de Dispensario Nacional y 36 a operadores independientes. En la Región Metropolitana, en tanto, 11 corresponden a Dispensario Nacional y 19 a independientes.
• Colliers identifica la presencia de dispensarios en comunas como Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Maipú y La Florida, además de despachos a domicilio coordinados desde Santiago.
• Fuera de la capital, los dispensarios se concentran principalmente en ciudades de mayor población, como Valparaíso, Viña del Mar y Concepción.

El vacío legal. Expertos aseguran que el funcionamiento de los dispensarios se desarrolla en una zona gris de la legislación chilena. La Ley 20.000 sanciona el tráfico de drogas, mientras que la normativa y la jurisprudencia han reconocido, bajo determinadas circunstancias, el cultivo destinado al consumo personal o a tratamientos médicos.

• “Dispensario” no es una figura jurídica contemplada por la legislación chilena, comenta Orellana. Según plantea, el término se utiliza para referirse a asociaciones o corporaciones de pacientes que se constituyen principalmente bajo la Ley 20.500.
• Para constituirse, agrega, deben contar con estatutos, domicilio, directorio y mecanismos de control interno. El abogado plantea además que el término “dispensario” genera confusión, ya que “dispensar” corresponde a una actividad sanitaria regulada, propia de entidades como farmacias o laboratorios.
• El problema aparece cuando ese argumento se extiende a esquemas colectivos, asociaciones con múltiples integrantes o estructuras que distribuyen cannabis a terceros. “La ley no contempla el cultivo colectivo, la asociatividad comercial ni la venta minorista de cannabis. Esa es la clave de todo el modus operandi que reveló la Fiscalía”, sostiene Robles.

El auge de los dispensarios. Orellana agrega que el modelo comenzó a expandirse con mayor fuerza desde 2015, luego de cambios regulatorios que reconocieron los usos medicinales del cannabis y de fallos judiciales que abordaron el cultivo para consumo personal y colectivo bajo determinadas condiciones.

• En 2023, además, una modificación a la Ley 20.000 incorporó expresamente la posibilidad de alegar fines medicinales como elemento para justificar un cultivo, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
• Robles indica que algunas de las estructuras investigadas se constituían formalmente como Sociedades por Acciones (SpA) o corporaciones, y recurrían a permisos de cultivo vinculados a fines como el cáñamo industrial, la investigación agrícola o el uso medicinal.

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