La agenda indígena que asumirá Jackson en Desarrollo Social (y sus polémicas declaraciones del tema)

Qué observar. El Presidente Gabriel Boric recalcó durante el cambio de gabinete de este martes que sus ministros tendrán como prioridad “la seguridad de cada uno de ustedes”.

• Detalló que, junto al combate de la delincuencia y el narcotráfico, le preocupaba la “violencia”.

 

• Esta directriz podría tener una bajada en el plan Buen Vivir anunciado en mayo por La Moneda, el que buscaba ofrecer una propuesta más amplia que el estado de excepción constitucional de emergencia que rige desde el 17 de ese mes en La Araucanía y 2 provincias del Biobío. El decreto permite desde entonces el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías en las rutas principales de esas regiones.

 

• La aplicación del plan, anunciado por la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, se dividió en 2 ministerios. A Interior se le encomendó aplicar medidas de seguridad y promover parlamentos con el apoyo de Naciones Unidas. A Desarrollo Social se encargó reforzar la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi), restituir tierras a comunidades con criterios de habitabilidad y generar una cartera de inversiones intersectorial en las 4 regiones de la denominada Macrozona Sur: Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

 

• La directriz de seguridad dada por Boric este martes abrió, sin embargo, la incógnita de cuál será el criterio del nuevo ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sobre la entrega de tierras cuando existan usurpaciones violentas.

 

• Se trata de un tema sensible para el gobierno, ya que el fracaso del domingo de la propuesta constitucional, dejó fuera de las alternativas la propuesta de restitución territorial que proponía el texto. Esta consistía en generar una comisión que catastrara en un plazo máximo de 6 años las tierras a entregar a comunidades, principalmente vía expropiación.

El “win-win”. En agosto, el entonces ministro secretario general de la Presidencia dio una entrevista por la plataforma Twitch que causó controversia al situar a su generación en lo que fue leído como un plano de superioridad moral frente a sus predecesores.

• “Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió”, dijo.

 

• En esa misma entrevista se refirió a la compra de tierras, afirmando que adquirir predios tomados podía ser beneficioso para todos los involucrados. “Hay muchas forestales que están vendiendo porque no les sirve de nada tener los predios tomados, y los tienen en conflicto (…). Lo único que quieren es venderlos e irse para otro lado donde no haya conflicto. Y también les conviene. Uno puede generar una situación de win-win”.

 

• Sus dichos fueron vistos por los gremios productivos del sur como un incentivo al uso de métodos de fuerza para obtener predios, en un escenario en que el delito de usurpación tiene pena de multa.

 

• Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, dijo a El Mercurio que “una persona que es propietaria tiene el legítimo derecho de vender de acuerdo a circunstancias, pero lo que es moralmente condenable es que la autoridad (…) ofrezca como compensación comprarle a gente violenta”.

 

• El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó el 5 de agosto que “la usurpación no es un camino que el gobierno valide para resolver esa demanda y obviamente va a usar las herramientas legales que tiene a su disposición”.

 

• Sobre su visión de la crisis en la zona, Jackson dijo a fines de marzo a La Tercera que “en las primeras semanas nos damos cuenta de que hay heridas, grietas, conflictos bien profundos en el país, en las relaciones, por ejemplo, en la Macrozona Sur o Wallmapu o Araucanía-Biobío, como se le quiera llamar”. El uso del término Wallmapu (que alude a tierras donde se emplazaban los mapuches tanto en Chile como en Argentina) generó ese mes críticas a Siches en Argentina y Chile, ad portas de un viaje de Estado del mandatario a ese país.

 

• Parlamentarios oficialistas han demandado desde julio una mayor visibilidad de los avances del plan Buen Vivir, tanto en la parte de Desarrollo Social como en la correspondiente a Interior. 

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