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Los detalles del informe de Contraloría que detecta más de 1,5 billones de pesos en irregularidades

Contraloría General de la República - Portadas Ex-Ante
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En total, Contraloría objetó $1.505.707.732.640 en un reporte que contiene las observaciones de mayor relevancia detectadas tras las auditorías e investigaciones especiales ejecutadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, con irregularidades que también ocurrieron en 2023 o años anteriores. Entre los servicios más cuestionados aparecen los Gobiernos Regionales, con más de $303 mil millones observados.
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1,5 billones objetados. Un informe de la Contraloría General de la República entregado este jueves al Congreso señala que hay más 1,5 billones de pesos en observaciones objetadas tras 792 acciones de fiscalización realizadas entre 2024 y 2025, incluyendo auditorías normativas, financieras y exámenes de cuentas.

  • En total, se objetaron $1.505.707.732.640 en el reporte llamado “Principales resultados de fiscalización”, que contiene las observaciones de mayor relevancia detectadas tras las auditorías e investigaciones especiales ejecutadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025.
  • Este reporte se entrega a los parlamentarios y a se pone a disposición de la ciudadanía todos los meses de junio de cada año, en virtud de un convenio entre la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados y Diputadas.
  • “Las observaciones de los informes de la Contraloría constituyen la manifestación formal de una situación en la que se ha detectado un incumplimiento de leyes, reglamentaciones, normas o manuales, o de las recomendaciones formuladas en informes, oficios o pronunciamientos, en los que se podrá configurar una infracción, irregularidad o deficiencia, resultante entre la comparación de la condición y el criterio, y que está sustentada en pruebas de auditoría”, señala el texto, que advierte que muchas de las irregularidades corresponden a operaciones de 2023 o años anteriores.
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Detalle del informe. Los resultados del reporte de 233 páginas consideran las observaciones efectuadas en los respectivos informes de fiscalización, que fueron categorizadas como “Altamente Complejas” y “Complejas”. El desglose de los $1.505.707.732.640 observados se desglosa de la siguiente manera:

  • Incumplimientos a normas contables y/o presupuestarias $359.137.777.166
  • Falencias asociadas al cumplimiento de contratos $328.523.655.718
  • Deficiencias en el proceso de rendición de cuentas $316.575.708.206
  • Deficiencias asociadas al manejo de fondos $252.291.010.206
  • Incumplimientos asociados a ingresos $81.539.789.026
  • Deficiencias en el proceso de adquisiciones $80.576.101.163
  • Gastos improcedentes o sin respaldo $57.023.035.310
  • Otros resultados transversales $30.040.655.845

Incumplimiento a normas contables. En cuanto a los incumplimientos a normas contables y/o presupuestarias -el ítem con mayor cantidad de dinero cuestionado- las observaciones formuladas a las distintas entidades corresponden, entre otras, a: Sobrestimación o subestimación en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos; Incumplimientos al principio contable del devengado; Falta de elaboración de análisis de cuentas contables; Error u omisión de registros contables; y Partidas contables de antigua data sin regularizar.

Falencias asociadas al incumplimiento de contratos. En este ítem, las observaciones corresponden a “modificaciones de contratos sin fundamentos o no autorizadas, por lo general, se traducen en incrementos de costos, plazos y cambio de las condiciones pactadas originalmente; Incumplimiento de contratos por parte de los proveedores; Falta de control y supervisión en la ejecución de los servicios contratados; y Garantías de fiel cumplimiento de contratos no presentadas o vencidas.

Deficiencias en la rendición de cuentas. En este tema, se detectaron modificaciones de contratos sin fundamentos o no autorizadas, por lo general, se traducen en incrementos de costos, plazos y cambio de las condiciones pactadas originalmente; Incumplimiento de contratos por parte de los proveedores; Falta de control y supervisión en la ejecución de los servicios contratados; y Garantías de fiel cumplimiento de contratos no presentadas o vencidas.

Deficiencias en manejo de fondos. Aquí se detectaron saldos de recursos con fines específicos cuya disponibilidad financiera no se acreditó en la cuenta corriente respectiva; Falta de conciliaciones bancarias o atrasos en su elaboración; Partidas conciliatorias sin respaldo; Descuadratura entre las conciliaciones bancarias y las cuentas contables de bancos; y Falta de pago de deudas vencidas.

Incumplimientos asociados a ingresos. Las observaciones tienen relación con  ingresos no percibidos; Multas no cursadas ante incumplimientos de lo establecido en los contratos; Ausencia de gestiones de cobranza a deudores morosos; y Error en el cálculo de los ingresos generándose una menor percepción de estos.

Deficiencias en el proceso de adquisiciones. Las observaciones se relacionan a adquisición de bienes o servicios mediante contratación directa sin acreditar las causales invocadas para justificar el trato directo; Procesos de compras tramitadas sin aprobación del Concejo Municipal; Irregularidades en el proceso de evaluación de ofertas de acuerdo con las bases de licitación; y Fragmentación de compras.

Gastos improcedentes o sin respaldo. Aquí se observaron Pagos en exceso por servicios prestados; Desembolsos duplicados; Gastos en bienes y servicios sin la correspondiente documentación de respaldo; Gastos por servicios parcialmente entregados; Fondos entregados a terceros ejecutados de forma improcedente; y Gastos asociados a beneficiarios que no cumplen los requisitos establecidos para la obtención del respectivo beneficio.

Organismos cuestionados. Entre los servicios más cuestionados aparecen los Gobiernos Regionales, con $303.056.411.351 observados por la Contraloría, con irregularidades tanto en la postulación, ejecución como en la rendición de proyectos financiados con fondos públicos.

  • Mientras, a Carabineros se le objetan más de $151 mil millones. Aquí se señala, entre otras cosas, que “en 754 solicitudes de imágenes realizadas a Carabineros de Chile por organismos interesados, se les comunicó la inexistencia de la evidencia audiovisual, sin justificación. Además, se advirtió que esa entidad no realiza un seguimiento de estos casos para dar cuenta de los motivos que originaron la falta de tales registros”.
  • “En 5 comisarías existía un total de 46 videocámaras instaladas en 25 vehículos, las cuales no se encontraban operativas. Funcionarios que fueron incorporados a 4 comisarías de Control de Orden Público no contaban con el examen psicológico requerido para el ingreso a dichas unidades”.
  • En el caso de la Junaeb, se objetan más de 270 mil millones de pesos, mencionándose que “35 pagos realizados a los proveedores que entregan el servicio de alimentación, por un monto de $209.221.268.971, correspondientes al período 2022, se encuentran sin la materialización del proceso de ajuste de las raciones de alimentación de acuerdo con las bases establecidas en el proceso licitatorio, evidenciándose con ello una demora de entre 10 a 19 meses, desde que se realizó el pago de los citados componentes fijos y variables”.
  • En el caso de la Tesorería General de la República se detectaron $166.119.570.238 en observaciones.
  • “De los reportes anuales denominados “Cuadratura AIX-todas las operaciones”, mediante el cual se da cuenta de los resultados de conciliación semiautomática de transacciones entre el sistema y lo registrado en la Cuenta Única Tributaria, se advirtieron 476 movimientos por un monto total de $165.669.926.248 que fueron registrados como “No conciliado”, sin que se observe a esa data que la TGR hubiese efectuado las acciones para validar y resolver los recursos no ingresados a las respectivas cuentas corrientes”, señala el informe.

Licencias médicas. El informe incluye la información de los 25.078 funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas financiadas con fondos públicos que habrían incumplido el período de reposo indicado en su licencia médica, por haber viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él.

  • El reporte señala que durante el período de reposo establecido en la licencia médica 125 funcionarios/ trabajadores registran entre 16 y 30 entradas/salidas del país y 51 funcionarios/ trabajadores registran más de 31 entradas/salidas del país.

VEA AQUÍ EL INFORME COMPLETO:

 

 

 

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