Megarreforma de seguridad: Lo que ajustó Arrau para que Chile Vamos apruebe el proyecto

Presión oficialista. Este lunes, el Gobierno ingresó al Senado el proyecto de reforma constitucional de seguridad. Se trató de un texto más acotado del original, luego de que desde el oficialismo surgieran reparos frente a las materias contempladas en el borrador con 11 modificaciones a la Carta Fundamental que socializó el Ejecutivo la semana pasada.

• El documento final contempla ahora ocho cambios a la Constitución que apuntan, entre otras cosas, a fijar la seguridad pública como deber del Estado, establecer un nuevo estado de excepción y crear un registro de organizaciones terroristas.
• El enredo oficialista comenzó el jueves, luego de que se conociera que una de las versiones del texto quitaba la atención de salud a los presos del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
• Pero el domingo la presión escaló luego de que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, manifestara que su partido no respaldaría el proyecto, dado que el borrador incorporaba en la Constitución excepciones a principios generales que son materia de ley, como establecer que no se considerarán arbitrarios los regímenes carcelarios diferenciados. Para Ramírez, este antecedente podía abrir la puerta a nuevas reformas constitucionales desde la izquierda.
• La timonel RN, Andrea Balladares, advirtió que una reforma constitucional “tiene que hacerse bien” y la Carta Fundamental no puede transformarse en un catálogo de medidas de política pública.

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Siguen las dudas. Aunque la nueva redacción sigue generando dudas en Chile Vamos —sobre todo en la UDI y Evópoli—, en el sector reconocen que están dispuestos a debatir el contenido del proyecto, sobre todo para conseguir respaldos en la centroizquierda. Por tratarse de una reforma constitucional, se requieren 29 votos en el Senado y 89 en la Cámara.

Lo que cambió. El texto definitivo introdujo modificaciones en el nuevo artículo 9° bis, que concreta “el deber del Estado de resguardar la seguridad pública”. Originalmente se trataba de una Ley Orgánica Constitucional la que fijaría “penas y medidas” especiales para condenados por crimen organizado y terrorismo. Ahora, en cambio, al disposición será una ley de quórum calificado, que para aprobarse requiere mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

• En el documento definitivo se encarga a Gendarmería establecer regímenes penitenciarios diferenciados para impedir que condenados realicen o coordinen ilícitos desde recintos penales. Aquello no estaba tan nítido en el borrador.
• En el mismo artículo se mantiene la inhabilitación para acceder a prestaciones con financiamiento público en materia de salud, educación, trabajo y seguridad social, pero a diferencia del borrador, la reforma plantea que será a “determinadas prestaciones” y encarga a una ley de quórum calificado regular las restricciones en específico, como la atención médica a los presos.
• Además, agrega una inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos.

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Otros ajustes. Se eliminó el párrafo que señalaba que “en ningún caso se considerarán arbitrarias las diferencias de trato” en salud, educación, trabajo y seguridad social. Este era uno de los reclamos del diputado Ramírez.

• También, se borró del texto el acápite que planteaba que las restricciones e inhabilidades para derechos y prestaciones “no afecta los derechos en su esencia ni imponen condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”. Esta norma buscaba originalmente blindar las medidas frente a recursos e impugnaciones ante el Tribunal Constitucional.
• Otro aspecto modificado fueron las atribuciones del Presidente de la República.
• El borrador fijaba entre las facultades del mandatario “declarar que una asociación delictiva posee la calidad de organización criminal transnacional”. Ahora, para hacerlo, requerirá de un informe fundado del Ministerio Público o el Consejo de Seguridad Nacional.

Estado de excepción más largo. La nueva herramienta pasará a tener como causal una “amenaza grave e inminente o afectación grave de la seguridad pública”. Inicialmente, el borrador planteaba un plazo máximo de 30 días, que el Presidente podría prorrogar por igual periodo. Para sucesivas prórrogas, debía convocar al Congreso.

• En la nueva redacción se prescribe que el periodo máximo sea 120 días, prorrogables por el mismo tiempo sin requerir acuerdo del Parlamento, que sólo intervendrá para una segunda extensión.
• Respecto a las facultades del mandatario, el borrador afirmaba que el Presidente podrá restringir la libertad de locomoción y reunión, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al derecho de propiedad y adoptar medidas administrativas. La nueva redacción no contempla limitar la propiedad, pero sí añade la posibilidad de interceptar y registrar documentos y comunicaciones, además de restringir el derecho de asociación.

Lea aquí la reforma constitucional ingresada por el Gobierno:

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