El juzgado de Puerto Montt resolvió este lunes ampliar hasta el 18 de enero la indagación al grupo de ciudadanos colombianos imputados por agredir a Carabineros. El ataque fue viralizado en un video, que dio pie al anuncio de expulsiones del Presidente. A más de 2 meses de sus dichos, esto no ha ocurrido. El fiscal del caso advirtió que sólo “una vez obtenida la pena se podrá evaluar dentro del marco administrativo si es que se dan o no los presupuestos para su expulsión inmediata”, lo que podría retrasar esto para mitad de año. A esto se suma que una imputada está prófuga.
Qué observar. El 12 de octubre, el Presidente Gabriel Boric se refirió a un video viralizado en que se veía a un grupo de hombres y mujeres forcejear y golpear a carabineros que habían acudido a detener a 2 sospechosos de un robo en Puerto Montt. El mandatario anunció ese día la expulsión de los involucrados —todos de nacionalidad colombiana—, lo que más de 2 meses después, no ha ocurrido.
- “He visto con indignación cómo algunos se sienten con la atribución de agredir a nuestros Carabineros. Lo vimos en un video respecto de un suceso que pasó en Puerto Montt”, dijo durante su gira por Calama. “He instruido al subsecretario del Interior (Manuel Monsalve) que a las personas que participaron de esta agresión a Carabineros se les aplique el artículo 132 de la ley de migración y se proceda a su expulsión del país”.
- Las expulsiones a los 12 ciudadanos colombianos fueron notificadas el 18 octubre, pero hasta este miércoles no se habían concretado.
- Uno de los motivos es que, pese a que la subsecretaría del Interior ganó los 2 recursos de amparo presentados para frenar las expulsiones; uno interpuesto por un abogado particular y otro por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Corte sostuvo en ambas resoluciones que los imputados no podrían dejar el país mientras tuvieran medidas cautelares vigentes, como ocurre en este caso.
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La postergación. Este lunes el juez Patricio Carrasco amplió en 30 días el plazo de investigación de la fiscalía, por existir diligencias pendientes, lo que extendió la indagación hasta el 18 de enero.
- En la audiencia del 10 de octubre el tribunal había dado 90 días de investigación, por lo que con la ampliación el Ministerio Público obtuvo pocos días extra. La idea del Ministerio Público era emparejar distintos plazos de investigación vigentes, tras operativos posteriores.
- El fiscal Marcelo Maldonado de la fiscalía local de Puerto Montt adelantó este miércoles que podría pedir nuevas ampliaciones. “Se espera en este plazo de 30 días recabar los antecedentes y es factible incluso poder ampliarlo si es que no llegan todos los antecedentes que nosotros como fiscalía estamos recabando y desde ese punto de vista vamos a ir analizándolo en cada uno de los casos y en cada momento procesal”, dijo en un audio enviado por el Ministerio Público.
- Entre los nuevos antecedentes que han surgido en la investigación está la incautación de armas y municiones durante un operativo policial en que revisaban eventuales incumplimientos de las medidas cautelares y que permitió más detenciones.
- Respecto de cuándo podría concretarse la expulsión planteó que “una vez obtenida la pena se podrá evaluar dentro del marco administrativo si es que se dan o no los presupuestos para su expulsión inmediata o habrá que esperar al cumplimiento de la sentencia”.
- La mención de la pena alarga en un plazo indeterminado la eventual salida de los ciudadanos colombianos. Esto, puesto que tras el cierre de la indagación el Ministerio Público tiene 10 días para presentar la acusación, tras lo cual puede venir o un juicio o un procedimiento abreviado. Esto podría retrasar la salida al menos hasta mediados de año.
La prófuga. La expulsión enfrenta otro obstáculo adicional y es que una de las imputadas está prófuga.
- El 23 de noviembre, el juez Miguel Ángel García decretó en rebeldía a Ingrid Johana Hurtado Castro, 34, quien se ausentó de una audiencia sin entregar un motivo. “Cúmplase con la detención por la Policía de Investigaciones”, consignó esa mañana en su resolución. “Incorpórese al Registro de Prófugos”.
- Ingrid Johana nació en 1988 en Buenaventura, al oeste de Bogotá e ingresó irregularmente a Chile. Al ser detenida el 9 de octubre por maltrato de obra a Carabineros, tenía residencia en Puerto Montt. No tenía encargos judiciales en Chile ni por Interpol.
- De acuerdo con un informe presentado por la subsecretaría del Interior a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, “golpeó con golpes de puño, jalones de cabello y rasguños a funcionarios de Carabineros de Chile, lanzando además piedras” a una subteniente y a un cabo segundo.
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