El Juzgado de Garantía de Antofagasta definió la noche de este martes acoger la solicitud de ampliar la querella criminal en la región por el caso convenios. Esto, luego de que los diputados republicanos, Cristian Araya y Juan Irarrázaval solicitaran la acción judicial, dirigida directamente en contra de 3 autoridades de RD: el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la directora de Presupuesto (Dipres) Javiera Martínez, y el jefe de asesores del segundo piso Miguel Crispi.
La acción judicial busca esclarecer la responsabilidad de las autoridades tanto en la firma de convenios como en los cambios de criterios para fiscalizar a las organizaciones que reciben fondos públicos.
En el caso de Jackson, piden indagar su eventual responsabilidad penal en la decisión del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, de disminuir la supervisión de los traspasos a fundaciones. Dicha determinación se tomó cuando Jackson era ministro de la Segpres.
La acusación contra Crispi es por los convenios firmados por $630 millones entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la fundación ProCultura para pintar fachadas del casco histórico de la capital regional, cuando el ahora jefe del segundo piso era subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
Y contra Javiera Martínez la acusación es por el oficio de la Dipres que también visó el proyecto de fachadas de ProCultura y su eventual vínculo con Democracia Viva. En este último caso es por la relación que tuvo Martínez con el fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade.
Los diputados requirieron en la querella que “se disponga que el CIBERCRIMEN de la Policía de Investigaciones de Chile concurrir a las dependencias de la DIPRES y del Palacio de La Moneda, y a los domicilios de los querellados, a fin de proceder a incautar los computadores y teléfonos institucionales y de uso personal”. Ahora el Ministerio Público deberá definir si considera pertinente realizar este tipo de diligencias, pero lo que ya está definido es que tanto Jackson como Martínez y Crispi quedan en calidad de imputados.
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