Trasfondo: Los errores que dejaron a Grau mejor que antes del libelo y al oficialismo repartiéndose culpas

El pecado original. El Partido Nacional Libertario (PNL) fue el primero que planteó la acusación, derrotada este martes por 26 votos versus 16 en el Senado. El Partido Republicano, temeroso de ser sobrepasado por la derecha por el PNL —como señaló Pepe Auth en su columna en Ex-Ante- se sumó a la ofensiva. Después se embarcó la mayoría de Chile Vamos, seducida por lo que estimaban una gran oportunidad de inflingirle daño al gobierno de Gabriel Boric por medio de la inhabilitación de Grau. No hubo mayores análisis de su viabilidad, ni se dimensionaron los eventuales costos. En este caso, una fractura en el oficialismo.

Disidencias. Al poco andar surgieron los disidentes, sobre todo en RN, que consideraban que la acusación contra el ex ministro no tenía fundamentos jurídicos ni técnicos, y podría darle “un certificado de buena conducta” a la gestión económica del gobierno anterior. Esas predicciones se fueron cumpliendo.

Los votos que no llegaron. Lo que no se cumplió fueron las proyecciones de votos de los Republicanos y el PNL que calculaban más de 80 en la Cámara. Obtuvieron 77, con descuelgues en RN. Los votos del PDG fueron decisivos. En el Senado, donde el partido de Franco Parisi no tiene representantes, hubo dos ausencias predecibles: Luciano Cruz-Coke, que se inhabilitó, y Manuel José Ossandón, que viajó a Paraguay y Uruguay con el Presidente Kast. A eso hay que sumar las abstenciones de la presidenta de RN, Andrea Balladares, Andrés Longton (RN), Iván Moreira (UDI) y Rojo Edwards. En contra estuvieron Enrique Lee, Paulina Núñez, ambos de RN y el demócrata Matías Walker.

Cuestionamiento técnico. A comienzos de junio, más de 50 economistas, de izquierda, de derecha e independientes, firmaron una declaración sosteniendo que una desviación entre lo proyectado y lo observado en las proyecciones económicas no era una razón para una acusación constitucional y que eso fijaba un estándar imposible de cumplir para cualquier autoridad.

Misil jurídico. En la comisión revisora, la expresidenta del Tribunal Constitucional Marisol Peña —constitucionalista muy respetada por el oficialismo y que en el pasado había respaldado ofensivas similares de la derecha— concluyó que el libelo “no logra configurar responsabilidad constitucional”. Roma locuta causa finita.

CFA remata. El Consejo Fiscal Autónomo -organismo técnico creado específicamente para zanjar este tipo de controversias fuera del terreno político y que tiene respeto transversal- afirmó que no existía la inconsistencia aritmética en que se basó la acusación contra el ex ministro.

La Moneda. Si bien Kast validó la legitimidad del libelo —”es legítimo que el Parlamento lo haga”— evitó pronunciarse sobre su mérito, optando por “cuerdas separadas”. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, reforzó la posición de no pronunciarse, pero con palabras mucho menos entusiastas. Dijo que era un tema de los partidos de la coalición, pero que la acusación tenía que ser bien fundamentada porque de lo contrario eso contribuiría al desprestigio de la política. Las razones de fondo de La Moneda habrían sido tres. La primera: El gobierno no podía aparecer quitándole el piso a su base partidaria, mas aún si estaba dividida. Dos: El olfato de Alvarado, que en esas cosas no falla, desde el principio veía muy difícil la aprobación. Tres: No miraba con buenos ojos el libelo en medio de negociaciones con la oposición sobre el Plan Quiroz. No necesariamente en ese orden.