Un juez español sorprendió a los grupos de derechos de las mujeres al desestimar un caso en el que se filmó secretamente a mujeres orinando en público para luego publicar los videos en sitios web pornográficos.
En total unas 80 mujeres y adolescentes fueron grabadas mientras orinaban en una calle lateral debido a la falta de instalaciones.
Las imágenes fueron captadas por cámaras ocultas en el festival local de A Maruxaina en localidad de Cervo, en Galicia, noroeste.
En muchos casos, las imágenes mostraban primeros planos de los genitales y de los rostros de las mujeres.
Los videos pudieron verse en webs de pornografía, algunas de las cuales requieren pago para acceder al material.
Al conocerse esta situación, muchas de las afectadas iniciaron acciones legales en 2020, pidiendo que las grabaciones, de las que se desconoce el autor, fueran investigadas por considerar que se había vulnerado su derecho a la intimidad.
"Entré en pánico"
Un juez local, Pablo Muñoz Vázquez, archivó el caso, lo que provocó un recurso de apelación liderado por la asociación Mujeres por la Igualdad Burela.
El mismo juez confirmó ahora su decisión inicial de no proceder debido a que como los videos fueron grabados en un lugar público, no pueden considerarse como delito.
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Según documentos judiciales, el juez también resolvió que "no hubo intención de violar la resistencia física o moral" de las mujeres afectadas.
"Entré en pánico", dijo Jenniffer, una de las mujeres filmadas durante el festival local en 2019 al recordar el momento en el que un amigo le dijo que se habían subido imágenes de ella a un sitio pornográfico.
"Y luego, cuando vi el video, lloré, estaba realmente avergonzada, no sabía qué hacer".
Como muchas de las afectadas, Jenniffer necesitó terapia. El último fallo judicial se ha sumado al dolor.
"Me siento muy frustrada", dijo.
"Básicamente están diciendo que si alguien te graba en la calle, lo publica en un sitio porno y gana dinero, eso está bien".
Ana García, de la asociación Bumei, advierte que este caso podría sentar un precedente, porque da impunidad a quienes realicen tales grabaciones.
"Solo porque estás en un espacio público, eso no significa que filmar imágenes íntimas y luego distribuirlas no sea delito, porque se trata de derechos fundamentales", dijo García.
La decisión de no continuar con el caso ha provocado protestas y una campaña online bajo el hashtag #XustizaMaruxaina (Justicia Maruxaina).
El caso también ha entrado en la arena política con unas declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
"Tomar fotografías de una mujer sin su consentimiento y distribuirlas es violencia sexual", dijo.
Los derechos de género han sido objeto de un feroz debate entre la izquierda y la derecha en España en los últimos años y esta no es la primera vez que una decisión judicial ha provocado una reacción por parte de grupos de mujeres.
En 2018, la decisión de un juez de Pamplona desató protestas masivas al considerar que la agresión a una joven por parte de cinco hombres, apodados como "La Manada", era abuso sexual en lugar de violación.
El Tribunal Supremo finalmente anuló el veredicto y declaró a los hombres culpables de violación y aumentó las sentencias de cárcel de nueve a 15 años.
Las mujeres afectadas por el caso A Maruxaina volverán a apelar con la esperanza de que finalmente se investigue el caso.
